A medio siglo del golpe de Estado de 1976, el modelo económico implementado por José Alfredo Martínez de Hoz durante la dictadura militar argentina vuelve a estar en el centro del debate público. Su gestión, que se extendió entre 1976 y 1981, significó un giro hacia políticas de apertura comercial, desregulación financiera y liberalización de la economía, con consecuencias profundas y duraderas para el país.

El plan de Martínez de Hoz se propuso estabilizar la economía tras la crisis del "Rodrigazo" y la alta inflación heredada del gobierno de Isabel Perón. Entre las primeras medidas se incluyeron una fuerte devaluación, el congelamiento de salarios y la liberalización de precios, lo que provocó una caída abrupta del salario real. Según diversos estudios, la participación de los asalariados en el PBI se redujo del 50% en 1974 al 25% en 1977, mientras que la deuda externa se multiplicó por cuatro en el mismo período.

La reforma financiera de 1977 y la implementación de la "tablita" cambiaria incentivaron la especulación y el endeudamiento, beneficiando principalmente al capital financiero y agroexportador. En contraste, la industria nacional y los trabajadores resultaron perjudicados, en un contexto de represión sindical, intervención de sindicatos y suspensión de derechos laborales.

Si bien el déficit fiscal bajó inicialmente, el aumento del gasto militar y la recesión posterior revirtieron esa tendencia. Las tensiones internas dentro de la Junta Militar y el gabinete económico dificultaron la aplicación coherente del modelo, diferenciando la experiencia argentina de la chilena bajo Pinochet.

El balance del plan de Martínez de Hoz sigue siendo objeto de intensos debates. Sectores académicos y periodísticos critican su impacto social, la desindustrialización y el aumento de la desigualdad, mientras que otros destacan su éxito en modificar la estructura de poder y favorecer a sectores concentrados. A 50 años del golpe, el legado de este modelo económico continúa generando controversia en la sociedad argentina.