El gobierno de la provincia de Buenos Aires enfrenta una creciente tensión con los gremios estatales y docentes en el marco de la negociación salarial. Tras el rechazo de la oferta oficial de un aumento del 3% para los sueldos de febrero, los sindicatos convocaron a un paro docente que impidió el normal inicio de clases y anunciaron medidas de fuerza adicionales por parte de estatales y judiciales. La propuesta del Ejecutivo incluía un 1,5% retroactivo a diciembre, pero fue considerada insuficiente frente a la inflación acumulada.

En respuesta, el gobierno bonaerense convocó a nuevas reuniones paritarias para el miércoles 4 de marzo, con el objetivo de presentar una oferta mejorada que contemple incrementos para marzo y abril. El encuentro con los docentes está previsto para las 11 horas y con los estatales para las 13, en el Ministerio de Trabajo. Mientras tanto, se liquidó el 1,5% retroactivo con los sueldos de febrero para evitar una merma en los ingresos respecto a enero.

La situación financiera de la provincia se ha visto afectada por el recorte de fondos nacionales desde la asunción de Javier Milei, lo que ha generado dificultades para sostener el gasto salarial. Según el presupuesto 2026, el 58% del gasto total se destina a salarios y jubilaciones, lo que limita la capacidad de recomposición salarial. Entre 2023 y diciembre de 2025, la pérdida acumulada del poder adquisitivo de los estatales bonaerenses alcanzó el 26,26%, según fuentes gremiales.

El gobernador Axel Kicillof y su ministro de Economía, Pablo López, atribuyen la crisis a las políticas de ajuste nacional, denunciando que "la provincia lleva perdidos 22,2 billones de pesos por recortes de programas, obras paralizadas y deudas directas". Kicillof sostiene que el superávit nacional se logra a costa de las provincias y advierte sobre el impacto en la producción y la autonomía fiscal.

El conflicto salarial se desarrolla en un contexto de alta exposición política para Kicillof, quien busca posicionarse como alternativa nacional frente al modelo libertario. La urgencia por alcanzar un acuerdo antes del 13 de marzo, fecha de inicio de la liquidación de haberes, es clave para evitar una profundización de la tensión y garantizar el funcionamiento de los servicios públicos.