La reciente renovación del contrato entre la Cancillería argentina y la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), dirigida por Josefina Rouillet, pareja del ministro Federico Sturzenegger, ha generado controversia y una investigación judicial por presuntas irregularidades. El acuerdo, destinado a cursos de inglés para empleados administrativos, fue adjudicado directamente y aumentó un 398% respecto al año anterior, pasando de $11 millones en marzo de 2023 a $55,3 millones en febrero de 2024. Este incremento supera ampliamente la inflación del período, que fue del 276%, lo que representa un aumento real del 32%.

El contrato original con AACI data de 2018 y ha sido renovado por sucesivos gobiernos, pero el aumento más significativo se produjo bajo la gestión de Javier Milei. En 2025, solo 10 agentes cursaron, mientras que el nuevo esquema prevé 132 empleados beneficiados en 2026. La adjudicación directa y el vínculo personal entre Sturzenegger y la directiva de AACI motivaron denuncias por posibles conflictos de intereses y negociaciones incompatibles. La senadora Juliana Di Tullio y abogados de Reset Republicano presentaron una denuncia penal, señalando posibles incumplimientos en la publicación de expedientes y cuestionando la especialidad de AACI como "único Centro Platino" para exámenes Cambridge.

El Gobierno respondió exhibiendo una declaración jurada de vínculo y firmando un "pacto de integridad" en la última renovación, aunque este paso se omitió en la de febrero. Voceros oficiales defienden la legalidad del contrato y la intervención de organismos de control, mientras que la investigación judicial continúa en trámite, con pedidos de pericia técnica y revisión de antecedentes.

El presidente Milei y el canciller Pablo Quirno respaldaron públicamente a Sturzenegger, quien enfrenta críticas desde la oposición y sectores internos del Gobierno por el posible conflicto de intereses. El Ejecutivo justificó recortes en otras áreas por falta de fondos, mientras aumentaba este contrato, lo que ha generado cuestionamientos sobre la coherencia de las políticas de ajuste. El caso se suma a otros gastos estatales cuestionados en la gestión Milei y podría tener implicaciones futuras en materia de transparencia y control de la administración pública.