En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el gobierno de Santa Fe presentó la implementación de tobilleras electrónicas duales para prevenir hechos de violencia de género. El acto, encabezado por el gobernador Maximiliano Pullaro, contó con la presencia de autoridades provinciales, judiciales y de organismos de derechos humanos, quienes destacaron la importancia de esta nueva herramienta tecnológica para la protección de las víctimas y el control de los agresores.

El sistema, que demandó una inversión superior a un millón de dólares, consiste en la utilización de una tobillera electrónica que será colocada al agresor denunciado y un rastreador que portará la víctima. Ambos dispositivos están conectados mediante tecnología GPS y son monitoreados en tiempo real por la central 911. Ante una violación de la restricción perimetral, se activa una alerta inmediata que permite la intervención policial en menos de cinco minutos, según explicaron las autoridades.

“Este es un cambio de paradigma porque el agresor será la persona que lleve la tobillera y el dispositivo que lo geolocaliza, y eso estará monitoreado las 24 horas por personal policial”, afirmó Pullaro. El mandatario remarcó que la medida busca evitar la revictimización de las mujeres, trasladando la responsabilidad del control al agresor y no a la víctima, como ocurría con el botón de pánico.

La fiscal general del Ministerio Público de la Acusación, María Cecilia Vranicich, celebró la iniciativa y recordó que en 2024 se registraron 30.000 legajos por violencia de género en la provincia. En lo que va de 2025, se contabilizan 25 muertes violentas de mujeres, de las cuales 15 fueron femicidios. Vranicich advirtió sobre la necesidad de establecer protocolos claros para la asignación de las tobilleras, a fin de evitar la saturación del sistema y priorizar los casos de mayor riesgo.

El sistema de tobilleras duales reemplazará progresivamente al botón de pánico y se enmarca en una política pública integral, coordinada entre el Ministerio de Seguridad, el Ministerio Público de la Acusación y el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano. Las autoridades destacaron que la inversión mensual en mantenimiento de los dispositivos ronda los 688 dólares por unidad, lo que representa un esfuerzo significativo para la provincia.

La medida fue bien recibida por organizaciones y funcionarios, quienes coincidieron en la necesidad de fortalecer la articulación entre los distintos poderes del Estado para garantizar la protección efectiva de las víctimas y la persecución penal de los agresores. El desafío, señalaron, será ajustar el sistema y los protocolos para asegurar su eficacia y sostenibilidad a largo plazo.