La jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, rechazó este lunes el pedido de Argentina para suspender la orden que obliga al Estado nacional a transferir el 51% de las acciones de YPF a los fondos Burford Capital y Eton Park. Esta decisión se da en el marco del extenso litigio por la expropiación de la petrolera en 2012, por la que Argentina fue condenada a pagar una indemnización de más de 16.100 millones de dólares más intereses.

En su fallo, Preska argumentó que la República Argentina no cumplió con las condiciones previas que le habrían permitido acceder a una suspensión sin garantía, y acusó al país de intentar eludir sus obligaciones mediante tácticas dilatorias. "La República continúa demorando y eludiendo sus obligaciones en virtud de la sentencia no suspendida", escribió la magistrada, quien además recordó que el país ya había recibido una prórroga para acomodar la transición de gobierno, pero no realizó esfuerzos para satisfacer las condiciones impuestas.

El Gobierno argentino, que ya apeló la decisión ante la Cámara de Apelaciones, enfrenta ahora un plazo de tres días para cumplir con la entrega de las acciones o arriesgarse a un posible desacato judicial. Sin embargo, la defensa sostiene que la transferencia de las acciones requiere la aprobación del Congreso, según la legislación local, y que la orden de Preska viola la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras de Estados Unidos y principios de cortesía internacional. Además, el Departamento de Justicia estadounidense expresó reservas sobre la orden, advirtiendo que podría afectar la soberanía argentina.

Mientras tanto, los fondos demandantes insisten en que Argentina ha dilatado el cumplimiento del fallo durante años y buscan avanzar con la ejecución. Se prevé una reunión clave entre las partes en Nueva York el 15 de julio para discutir los próximos pasos. Analistas advierten que, de no llegar a un acuerdo, el país podría enfrentar consecuencias legales y financieras significativas a nivel internacional.

El proceso judicial podría extenderse aún más si la Cámara de Apelaciones o la Corte Suprema de Estados Unidos deciden intervenir. Por ahora, la situación mantiene en vilo tanto al Gobierno argentino como a los acreedores internacionales, en un caso que pone en juego la soberanía y el control estatal sobre la principal petrolera del país.