El presidente Javier Milei oficializó este viernes la designación de Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema, como juez del Tribunal Oral Federal de Santa Fe. La medida, publicada en el Boletín Oficial mediante el Decreto 445/2026, se concretó tras la aprobación de 74 pliegos judiciales por parte del Senado, en una sesión marcada por intensos debates y negociaciones políticas.

La ceremonia de jura de Rosatti se realizó al mediodía en la sala de audiencias del tribunal santafesino, con la presencia de autoridades judiciales, familiares y representantes de fuerzas de seguridad. Durante su intervención, Rosatti destacó su compromiso con una "Justicia clara, eficaz y de cara a la gente" y agradeció el acompañamiento de colegas y funcionarios.

El proceso de aprobación de los pliegos judiciales en la Cámara alta estuvo atravesado por tensiones, especialmente en torno a la postulación de la jueza Verónica Michelli, cuyo pliego fue finalmente incluido tras un acuerdo entre bloques. El oficialismo logró incorporar 74 designaciones, superando el número inicialmente pactado, lo que generó críticas de sectores opositores y algunos aliados.

Junto a Rosatti, también fueron designados Walter Alberto Rodríguez como juez federal de primera instancia en Santa Fe y Santiago Joaquín Saux en Rafaela. Ambos prestarán juramento la próxima semana en Rosario, completando la cobertura de vacantes en juzgados federales estratégicos de la provincia.

El presidente Milei celebró la aprobación de los pliegos como "un verdadero hito" y "el inicio de la reconstrucción de la Justicia", mientras que el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, agradeció el respaldo institucional y destacó el trabajo de la Comisión de Acuerdos del Senado. El nombramiento de Rosatti fue interpretado como un gesto hacia la Corte Suprema y parte de un acuerdo político más amplio, en el que participaron figuras como los Menem, Mahiques y Karina Milei.

La designación de Emilio Rosatti, con una trayectoria de casi dos décadas en el Poder Judicial, marca un nuevo capítulo en la recuperación institucional del sistema judicial argentino, tras más de ocho años de parálisis en los nombramientos. El impacto de estos cambios y la dinámica política detrás de ellos seguirán siendo objeto de análisis en el futuro inmediato.