El Gobierno argentino relanzó el proceso de licitación para la concesión y dragado de la Hidrovía Paraná-Paraguay, una vía estratégica por la que circula el 80% de las exportaciones de granos y subproductos del país. Tras la anulación del proceso anterior en febrero, motivada por denuncias de falta de transparencia y la presentación de una sola oferta, las autoridades buscan ahora garantizar un procedimiento más transparente y competitivo.

Según fuentes oficiales, los nuevos pliegos se publicarán entre octubre y noviembre de 2025, con la intención de adjudicar el contrato en el primer semestre de 2026. Una de las principales novedades es la auditoría a cargo de la UNCTAD, el organismo de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, que supervisará todo el proceso para asegurar estándares internacionales y evitar controversias como las del pasado.

El plazo de concesión, inicialmente previsto en 30 años, se reducirá a 20, en respuesta a los reclamos de usuarios y sectores exportadores. "Treinta años es un plazo excesivo. Proponemos 15 años renovables por otros 15, como ocurre en Brasil", señaló Bernd Gunther, presidente del Centro de Armadores Fluviales y Marítimos, aunque el Gobierno considera que 20 años es el mínimo necesario para amortizar la inversión en dragas.

Otra confirmación es la exclusión de empresas controladas por estados extranjeros, lo que deja fuera a las dragadoras chinas. "No vamos a permitir que un Estado extranjero controle nuestra vía navegable. Es una cuestión de jurisdicción y soberanía", afirmaron fuentes oficiales.

El proceso incluye mesas técnicas en distintas ciudades, con la participación de representantes de provincias, puertos, exportadores, armadores, universidades y usuarios. Se revisan aspectos técnicos como anchos de canal, zonas de sobrepaso y plazos, y se prevé la realización de una audiencia pública antes del llamado formal.

El contrato será 100% privado, con tope tarifario y un esquema de control activo por parte del Estado, usuarios y provincias. La deuda de USD 78 millones con la actual concesionaria, Jan de Nul, aún no tiene una solución definitiva.

El sector exportador y los usuarios valoran la reducción del plazo y la auditoría internacional, aunque persisten cuestionamientos sobre el cobro de peajes y la necesidad de mejoras efectivas en la vía. Se espera la participación de entre cuatro y cinco grandes dragadoras internacionales, probablemente en alianza con firmas locales, en una licitación que promete ser altamente competitiva y observada de cerca por todos los actores involucrados.