El gobierno de la provincia de Buenos Aires, liderado por Axel Kicillof, alcanzó un acuerdo salarial con la mayoría de los gremios docentes, ofreciendo un aumento del 10% en dos tramos: 6% en mayo y 4% en julio. Este acuerdo incluye la reapertura de negociaciones en agosto y busca paliar el impacto de la inflación en los salarios del sector educativo. Sin embargo, la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), uno de los gremios más representativos, rechazó la propuesta y convocó a un paro para el próximo 20 de mayo.

La FEB argumentó que la oferta no es suficiente para compensar el deterioro salarial acumulado y criticó las demoras en las negociaciones. "Los trabajadores necesitamos de manera urgente recomponer nuestro salario y la última propuesta no da respuesta a esa demanda", afirmó Liliana Olivera, presidenta del gremio. Esta medida de fuerza marca el primer paro significativo contra la gestión de Kicillof, quien hasta ahora había logrado evitar conflictos de esta magnitud con los docentes.

Por su parte, el gremio Suteba, liderado por Roberto Baradel, aceptó la propuesta salarial pero anunció su participación en una jornada nacional de lucha convocada por la CTERA para el 22 de mayo. Esta movilización incluirá cese de actividades y protestas en todo el país, en reclamo de mejoras salariales y presupuestarias para el sector educativo.

El gobierno provincial justificó la oferta en el "complejo contexto fiscal" que atraviesa Buenos Aires, afectado por recortes de transferencias nacionales y una caída en la recaudación debido a la recesión económica. A pesar de estas dificultades, el aumento permitirá que el salario inicial de un maestro alcance los $670.210 en julio, mientras que un profesor con 20 módulos percibirá $883.349.

La situación refleja las tensiones crecientes en las negociaciones salariales en un contexto económico adverso. Mientras algunos gremios aceptaron la propuesta, otros sectores, como los judiciales, también expresaron su disconformidad con ofertas similares. La medida de fuerza de la FEB podría marcar un punto de inflexión en la relación entre los gremios docentes y el gobierno provincial, y su impacto se sentirá en las aulas y en las futuras negociaciones.