La relación entre el presidente Javier Milei y los gobernadores de las provincias argentinas atraviesa su momento más crítico desde el inicio de la gestión libertaria. La reciente aprobación en el Senado de proyectos que incrementan el gasto público y afectan el equilibrio fiscal, como la coparticipación de combustibles y la transferencia automática de fondos a las provincias, desató una escalada de tensiones entre la Casa Rosada y los mandatarios provinciales.

El Gobierno nacional, firme en su postura de no negociar fondos a cambio de votos, respondió con la amenaza de vetar y judicializar las leyes aprobadas. "El equilibrio fiscal no se negocia", insisten desde el entorno presidencial, que calcula un impacto fiscal de hasta 2,5% del PBI por las nuevas medidas, aunque estimaciones independientes lo sitúan entre 0,7% y 1,6%. La reacción de Milei fue inmediata: acusó a los gobernadores de "degenerados fiscales" y a la oposición de intentar un "golpe institucional". La crisis interna se profundizó cuando el presidente calificó de "traidora" a la vicepresidenta Victoria Villarruel por presidir la sesión clave en el Senado, lo que llevó a una ruptura pública entre ambos.

En paralelo, los gobernadores, incluso aquellos que habían colaborado con el oficialismo, se unieron en un frente común para exigir mayor autonomía y recursos. El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, expresó: "Es injusto el planteo del Gobierno nacional. Hay que sostener el equilibrio fiscal, pero debe ser a costa de lo que uno ahorra". La falta de respuestas sobre el deterioro de rutas nacionales y la caída de la coparticipación alimentan el malestar en las provincias.

El conflicto se da en un contexto electoral, donde la estrategia de La Libertad Avanza de imponer candidatos propios en los distritos genera resistencia entre los líderes provinciales. La ruptura de acuerdos previos, como el Pacto de Mayo, y la falta de interlocución válida en el Gobierno, profundizan la desconfianza. Mientras tanto, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, intenta reabrir canales de diálogo, aunque la viabilidad de una solución política parece lejana.

La disputa amenaza con debilitar la gobernabilidad y aumentar la inestabilidad política de cara a las elecciones de octubre. Analistas advierten que, sin el apoyo de los gobernadores, el oficialismo podría enfrentar dificultades para sostener sus vetos en el Congreso y avanzar en su agenda legislativa. El desenlace de este enfrentamiento marcará el rumbo de la política argentina en los próximos meses.