El juez federal Pablo Díaz Lacava, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Pampa, enfrenta un proceso judicial y disciplinario tras ser acusado de ejercer violencia laboral y de género contra seis empleados judiciales. La causa, que abarca hechos ocurridos entre 2012 y 2023, incluye denuncias por amenazas, lesiones, abuso de autoridad y maltrato laboral, especialmente agravados en el caso de cuatro mujeres.

Según la acusación presentada por los fiscales Iara Silvestre, Federico Iparraguirre y Horacio Azzolin, Díaz Lacava habría impuesto un régimen de hostigamiento y humillación sistemática, valiéndose de su jerarquía para anular a sus subordinados. Los hechos denunciados incluyen insultos, aislamiento, asignación confusa de tareas, violencia física contra objetos y amenazas de sumarios administrativos infundados. Peritajes médicos confirmaron el daño psíquico sufrido por las víctimas, mientras que registros audiovisuales de sus declaraciones fueron incorporados a la causa.

El juez fue procesado sin prisión preventiva en noviembre de 2024, con un embargo de 100 millones de pesos, decisión confirmada por la Cámara Federal de Bahía Blanca y parcialmente por Casación. Además, se le imputa haber desobedecido una orden judicial de restricción y haber incurrido en retardo judicial malicioso, utilizando audiencias y comunicaciones oficiales para amedrentar a las víctimas y entorpecer la investigación.

En su defensa ante la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura, Díaz Lacava admitió algunos hechos, pero los calificó como "bromas impropias" y negó cualquier intencionalidad violenta. Atribuyó las denuncias a un "complot" interno motivado por disputas laborales y celos profesionales. "No repetiría nada de lo que ocurrió. Pero me hubiera rectificado si hubiera sabido que alguna situación generó incomodidad", expresó el magistrado, quien pidió disculpas aunque insistió en su inocencia.

El proceso penal avanza hacia el juicio oral, mientras el Consejo de la Magistratura evalúa su posible destitución. El caso ha generado un fuerte impacto en el ámbito judicial pampeano, poniendo en debate la responsabilidad de los magistrados y la protección de los derechos laborales dentro del Poder Judicial. Se espera que en las próximas semanas se definan las sanciones disciplinarias y el futuro de Díaz Lacava en la magistratura.