San Miguel de Tucumán se posicionó entre las ciudades argentinas con los concejales más costosos, según un reciente informe de la Fundación Libertad que analizó los presupuestos de 76 municipios. El estudio revela que cada edil en la capital tucumana representa un gasto anual de $1.090 millones, cifra que la ubica en el tercer puesto nacional, solo detrás de Posadas y Río Gallegos.

El relevamiento también destaca que el gasto por habitante en San Miguel de Tucumán asciende a $59.672, colocándola entre las cinco ciudades con mayor erogación en representación legislativa municipal. A nivel nacional, el costo promedio por concejal es de $259 millones al año, pero en la capital tucumana esa cifra se cuadruplica, evidenciando una fuerte disparidad entre municipios.

La mayor parte del presupuesto de los Concejos Deliberantes, en promedio un 85%, se destina al pago de salarios de ediles y empleados. En algunos municipios, este porcentaje supera el 90%, lo que genera cuestionamientos sobre la eficiencia y el destino de los recursos públicos.

Javier Bongiovanni, economista de la Fundación Libertad, sostuvo que "el hecho de que haya municipios que logran funcionar con niveles de gasto significativamente menores demuestra que existe un margen considerable para mejorar la eficiencia y reducir estos costos". Además, advirtió que "en un país con esta presión tributaria y con tantas carencias en infraestructura y servicios básicos, es un gasto político muy difícil de justificar. Cada peso que se destina a mantener Concejos Deliberantes sobredimensionados es un peso menos para aliviar al contribuyente o invertir en obras que mejoren la vida cotidiana".

El informe también compara el gasto legislativo entre ciudades cercanas, como Resistencia y Corrientes, donde la capital chaqueña triplica el gasto por concejal respecto de la correntina. Estas diferencias regionales intensifican el debate sobre la eficiencia del gasto público y la necesidad de reformas en la asignación de recursos municipales.

En conclusión, el elevado costo de los concejales en San Miguel de Tucumán y otras ciudades argentinas pone en evidencia la urgencia de revisar la eficiencia del gasto político local, especialmente en un contexto de crisis fiscal y demandas sociales crecientes.