La reciente decisión judicial de prohibir la circulación de vehículos todoterreno en la zona de médanos conocida como "La Frontera" en Pinamar desató una fuerte polémica entre autoridades locales y la Justicia. El fallo, emitido por el Juzgado Civil y Comercial N° 4 de Dolores, responde al grave accidente ocurrido el 12 de enero, cuando Bastián Jerez, un niño de ocho años, resultó gravemente herido tras el choque entre un UTV y una camioneta Volkswagen Amarok.

El juez Félix Adrián Ferrán fundamentó la medida en la falta de controles, señalización y delimitación de la zona, y en la reiteración de siniestros viales graves, muchos de ellos con menores como víctimas. "El Estado debe impedir conductas peligrosas cuando hay riesgo cierto de muerte", sostuvo el magistrado, quien rechazó el argumento municipal sobre la imposibilidad de intervenir en predios privados. La prohibición se mantendrá hasta que el municipio garantice la seguridad efectiva en el área.

El intendente de Pinamar, Juan Ibarguren, expresó su desacuerdo con la medida y anunció que apelará el fallo. "Prohibir por culpa de unos pocos inconscientes no es justo ni inteligente", declaró, defendiendo la actividad recreativa en los médanos como parte de la identidad local y fuente de empleo. Ibarguren remarcó que la mayoría de los usuarios son responsables y que los incidentes se deben a una minoría. "Nosotros no estamos en contra de la actividad, estamos a favor de controlarla. A los que corren picadas, hacen maniobras peligrosas o ponen en riesgo a otros, hay que sancionarlos con toda la fuerza", afirmó.

Tras el accidente, el municipio intensificó los controles, sanciones económicas, secuestro de vehículos y la inhabilitación de licencias. Los conductores involucrados en el siniestro fueron inhabilitados por alcoholemia positiva, mientras el padre del menor, que dio negativo, permanece imputado por lesiones culposas. Bastián, por su parte, fue sometido a su séptima intervención quirúrgica en el Hospital Materno Infantil de Mar del Plata y continúa internado en terapia intensiva.

La medida judicial fue respaldada por especialistas en seguridad vial, quienes consideran que la reiteración de accidentes graves justifica la intervención estatal. La comunidad local, por su parte, muestra cautela tras el fallo, con una disminución de la actividad motorizada en la zona. El debate sobre cómo garantizar la seguridad sin afectar la identidad y el empleo en Pinamar sigue abierto, mientras la causa judicial avanza y se esperan definiciones sobre el futuro de las actividades recreativas en "La Frontera".