La jueza Julieta Makintach enfrenta el tramo final de un jury de enjuiciamiento en La Plata, tras ser acusada de graves irregularidades durante el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona. El proceso, que se desarrolla en el Senado bonaerense, ha captado la atención pública y mediática por la magnitud de las acusaciones y el impacto en el sistema judicial.

Durante los alegatos finales, la fiscal general Analía Duarte solicitó la destitución de Makintach, argumentando que la magistrada "mintió, manipuló, fue parcial, abusó del poder y utilizó recursos públicos en beneficio propio". Duarte sostuvo que la jueza participó en la filmación de un documental titulado "Justicia Divina" sin autorización, lo que llevó a la anulación del juicio original y generó un escándalo que, según la fiscal, "arruinó el prestigio de la Justicia". La acusación incluye siete infracciones a la Ley de Magistrados y tres delitos penales: malversación de fondos, incumplimiento de deberes de funcionario público y violación de secreto.

Por su parte, la defensa de Makintach, encabezada por los abogados Darío Saldaño, Nicolás Urrutia y Martín Cerolini, rechazó todas las imputaciones y afirmó que "no se probó ninguna conducta dolosa". Argumentaron que la filmación era conocida por los colegas de la jueza y que no existía ninguna norma que la prohibiera. Saldaño denunció una "estigmatización por su condición de mujer" y sostuvo que "la filmación no generó perjuicio alguno".

Visiblemente afectada, Makintach pidió perdón a la familia Maradona y negó haber cometido delitos. "No mentí nunca. No cometí ningún delito ni ninguna irregularidad", expresó ante el jurado. La jueza, con 27 años de carrera, manifestó su deseo de dejar la justicia y presentó su renuncia, asegurando que "no quiere volver más" al sistema judicial.

El veredicto se conocerá el próximo martes, mientras la familia Maradona y la sociedad argentina siguen de cerca el desenlace de un caso que ha puesto en tela de juicio la ética y transparencia del Poder Judicial bonaerense. Las consecuencias del proceso podrían marcar un precedente en la forma en que se abordan las conductas de los magistrados y la relación entre justicia y exposición mediática.