Los proyectos impulsados por los gobernadores para modificar el reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y el impuesto a los combustibles avanzan en el Congreso argentino tras obtener media sanción en el Senado. Las iniciativas, que buscan distribuir automáticamente los fondos y eliminar fideicomisos para coparticipar los recursos entre provincias, ingresaron a la Cámara de Diputados, donde se definirá su tratamiento en comisiones clave como Energía y Presupuesto.

La provincia de Buenos Aires sería la principal beneficiada, con un aumento estimado de $67 mil millones en fondos, mientras que el costo fiscal total para la Nación alcanzaría los $489 mil millones, según un informe de la Fundación Mediterránea. El proyecto propone que el 100% de los recursos del Fondo de ATN se distribuyan de manera automática y diaria, siguiendo las proporciones de la ley de coparticipación federal, lo que representa un cambio sustancial respecto al sistema actual, caracterizado por la discrecionalidad del Ejecutivo.

El Gobierno nacional, encabezado por Javier Milei, ya anticipó que vetará cualquier ley que afecte el equilibrio fiscal. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, confirmó que tanto los proyectos de ATN como los del impuesto a los combustibles serán vetados si son aprobados en Diputados. "Todo lo que afecte el equilibrio fiscal va a ser vetado", afirmó Francos, desautorizando la opinión del ministro Federico Sturzenegger, quien había sugerido que no vetaría el proyecto.

El debate también incluye interpretaciones constitucionales sobre la posibilidad de que el Congreso modifique la coparticipación sin acuerdo de las provincias. Constitucionalistas y exconvencionales sostienen que cualquier cambio requiere una ley convenio refrendada por las legislaturas provinciales y el Congreso, mientras que otros expertos consideran que el proyecto solo instruye sobre la distribución del Fondo de ATN sin modificar la ley de coparticipación.

En este contexto, los gobernadores mantienen la presión y la unidad en su reclamo por fondos, mientras la oposición busca forzar el debate en Diputados. El oficialismo, por su parte, podría dilatar el tratamiento enviando los proyectos a comisiones que no se reúnen con frecuencia. El desenlace dependerá de la capacidad de la oposición para reunir los votos necesarios y de la estrategia que adopte el Gobierno, que no descarta judicializar el tema si sus vetos no son sostenidos.