El intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, denunció públicamente una red de extorsión y amenazas que involucra a empresarios pesqueros, un ex policía federal y operadores políticos. La denuncia, presentada ante la Justicia local y federal, incluye pruebas como chats, registros de llamadas y pericias informáticas, según detalló el propio Sastre en declaraciones a la prensa.

La investigación judicial, a cargo de la fiscal Ivana Berazategui y con allanamientos autorizados por la jueza María Inés Bartels, se inició tras la denuncia formal del intendente, quien aseguró haber sido víctima de pedidos de dinero bajo amenaza de difundir denuncias anónimas y campañas de desprestigio. "No les tengo miedo, no me van a apretar, los voy a combatir", afirmó Sastre, quien también vinculó el ataque a su hermano, el exintendente Ricardo Sastre, con la misma red delictiva.

Según el relato de Gustavo Sastre, las extorsiones y amenazas se vienen registrando desde el año pasado, con exigencias de hasta 100.000 dólares para frenar operaciones mediáticas y judiciales falsas. El intendente remarcó que la ofensiva no es un hecho aislado, sino parte de una trama que busca condicionar la institucionalidad municipal y la proyección política de su familia en la ciudad.

La causa, caratulada como extorsión, avanza en medio de un fuerte hermetismo judicial. Sin embargo, la repercusión política y mediática ha sido significativa, con el intendente asegurando que la denuncia no es una disputa personal, sino un intento de proteger la institucionalidad frente a prácticas mafiosas. "A la mafia y a estos personajes los voy a combatir todos los días. Conmigo, la gente del narcotráfico, la prostitución y la droga no tiene cabida", sentenció Sastre.

El caso pone en el centro del debate la relación entre poder político, intereses empresariales y prácticas delictivas en Puerto Madryn, y abre interrogantes sobre el alcance de la red denunciada y la capacidad de la Justicia para desarticularla.