La política argentina atraviesa una nueva crisis institucional tras la aprobación en el Senado de leyes que aumentan las jubilaciones y declaran la emergencia en discapacidad. La sesión, celebrada el jueves pasado, contó con el apoyo unánime de la oposición y fue presidida por la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien habilitó el debate pese a la resistencia del Ejecutivo.

El presidente Javier Milei reaccionó con dureza, calificando a Villarruel de "traidora" y anunciando que vetará las leyes aprobadas. "Si el veto se cae, judicializaremos la sesión", advirtió el mandatario, quien además compartió en sus redes sociales mensajes críticos hacia la vicepresidenta, acusándola de populismo y de alinearse con el kirchnerismo. "Además de traidora, una demagoga y bruta en términos económicos", escribió uno de los funcionarios cercanos a Milei, mensaje que el presidente replicó públicamente.

Villarruel, por su parte, defendió su accionar argumentando que "un jubilado no puede esperar y un discapacitado menos". En sus redes sociales, negó cualquier vínculo con la oposición y criticó la falta de diálogo con el presidente: "¿Un presidente que no puede ni saludar a la persona con la que llegó al poder? Hacele el reclamo a él, que yo la educación no la pierdo nunca".

El Gobierno sostiene que la sesión fue "ilegal" y analiza estrategias legales para frenar la implementación de las leyes. Según fuentes oficiales, el Ejecutivo cuenta con diez días para vetar los proyectos y buscará apoyo en el Congreso para sostener su posición. La última vez que el Gobierno vetó un aumento jubilatorio fue en septiembre de 2024, logrando mantener el veto gracias al respaldo de un sector del Congreso.

Mientras tanto, organizaciones de jubilados celebraron la aprobación de las leyes como un triunfo, aunque advirtieron que el aumento es insuficiente frente a la pérdida de poder adquisitivo. Analistas y medios coinciden en que la interna entre Milei y Villarruel agrava la crisis política y complica la gobernabilidad, en un contexto de fuerte presión social y económica.

El desenlace de este conflicto será clave para el futuro de la relación entre el Ejecutivo y el Congreso, así como para la situación de los sectores más vulnerables del país.