El Gobierno nacional avanza en la modificación de la Ley de Inocencia Fiscal, con el objetivo de incentivar la formalización de fondos no declarados y ampliar el acceso al Régimen Simplificado de Ganancias. El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que en los próximos días se enviará al Congreso un proyecto que elimina los topes de ingresos y patrimonio, permitiendo que un mayor número de contribuyentes puedan adherirse al régimen.

Durante el 43º Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas, Caputo destacó la importancia de canalizar los ahorros informales hacia la inversión productiva. "Lo importante es que ese ahorro que está debajo de los colchones se canalice en inversión, y esa inversión va a generar mayor crecimiento", afirmó el ministro. Según datos del Indec, a fines de 2025 había más de 218.200 millones de dólares fuera del circuito formal.

El nuevo proyecto, elaborado tras consultas con tributaristas y contadores, busca despejar dudas técnicas y ofrecer mayor seguridad jurídica. Entre los cambios propuestos, se destaca la posibilidad de rectificar declaraciones juradas antes de una determinación de oficio, lo que permitiría a los contribuyentes mantener los beneficios del régimen. Además, se eliminarán las restricciones patrimoniales y de ingresos, limitando la exclusión solo a grandes contribuyentes nacionales.

El régimen otorga un "blindaje fiscal" que impide inspecciones retroactivas si se cumplen los requisitos, aunque los especialistas advierten sobre la necesidad de precisiones legales para evitar disputas judiciales. "Esta modificación daría lugar a un mejor cumplimiento del principio de igualdad", sostuvo el tributarista Félix Rolando.

La adhesión al régimen se duplicó en los últimos 20 días, superando los 80.000 contribuyentes, aunque muchos aún no presentaron sus declaraciones. El Gobierno insiste en que la iniciativa no constituye un blanqueo, sino un incentivo para terminar con la presunción de culpabilidad fiscal y fomentar la inversión. Sin embargo, persisten dudas entre expertos sobre la confianza en el sistema y la posibilidad de que los cambios beneficien a quienes incurrieron en delitos tributarios.

El debate sobre la reforma continúa, con propuestas para que el desbloqueo de períodos históricos solo se produzca tras sentencia firme de la Corte Suprema, buscando evitar inspecciones arbitrarias durante litigios. El proyecto representa un intento de brindar mayor certidumbre al sector privado y estimular la economía formal en un contexto de alta volatilidad macroeconómica.