La prisión domiciliaria de Cristina Fernández de Kirchner en su departamento del barrio Constitución, en Buenos Aires, desató una serie de operativos policiales y de limpieza que generaron un fuerte cruce político y social. Tras la ratificación de la condena a seis años de prisión por la causa Vialidad, la expresidenta fue sometida a un régimen de arresto domiciliario, lo que motivó la presencia constante de militantes en las inmediaciones de su domicilio y un despliegue policial sin precedentes.

El operativo, liderado por la Policía Federal Argentina y defendido por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, incluyó la colocación de vallas y la presencia de efectivos para, según el gobierno, "mantener el orden" ante la concentración de simpatizantes kirchneristas. Bullrich afirmó: "Los vecinos se merecen vivir en paz, disfrutando sus días con libertad y tranquilidad. Las Fuerzas Federales van a mantener el orden, siempre. Sin importar las amenazas de un sector de la política". Sin embargo, la expresidenta y su entorno denunciaron la falta de orden judicial para el operativo y lo calificaron de "ilegal" y "provocador".

En respuesta, CFK pidió a la militancia que no se acercara a su domicilio para evitar incidentes y trasladó el acto de apoyo a Parque Lezama, donde envió un mensaje grabado con duras críticas a Bullrich y al gobierno de Javier Milei. "Es una mujer nefasta, capaz de cualquier cosa", expresó, y cuestionó el rumbo económico del país: "La gente no come policías ni a Cristina presa, quiere comer pan o fideos y tener un futuro".

Paralelamente, el gobierno porteño desplegó operativos de limpieza en la zona, retirando carteles, pancartas y estructuras instaladas por militantes. El costo de estas tareas ascendió a 237 millones de pesos, según fuentes oficiales. La defensa de CFK, por su parte, presentó recursos legales contra el régimen de visitas impuesto por el Tribunal Oral Federal N°2, al considerar que las restricciones son "arbitrarias" y violan sus derechos civiles.

El episodio profundiza la polarización política y social en Argentina, reavivando debates sobre el uso de la fuerza pública, los derechos de los condenados y el papel de la militancia. Mientras tanto, el peronismo enfrenta el desafío de redefinir su estrategia electoral en la provincia de Buenos Aires, en un contexto de incertidumbre y resignación entre sus bases.