La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata declaró la nulidad total de la "Tasa por Servicios Esenciales" impuesta por la Municipalidad de Azul a los productores agropecuarios. Este tributo, impulsado por el intendente Nelson Sombra, exigía el pago equivalente a un litro de gasoil por hectárea al mes y había generado un fuerte malestar entre los productores desde principios de 2024.

La causa, iniciada por un grupo de productores nucleados en la Sociedad Rural de Azul, cuestionaba la legalidad de la ordenanza municipal que obligaba a abonar la tasa. En primera instancia, el juez había declarado la ilegitimidad del gravamen solo en la proporción que excedía el 50% del monto liquidado. Sin embargo, la Cámara de Apelación resolvió hacer lugar al recurso presentado por los productores y extendió la declaración de ilegitimidad a la totalidad de los montos liquidados, considerando inválido el procedimiento de aprobación de las ordenanzas.

El fallo afecta a unos 190 productores, quienes representaban cerca del 30% del distrito de Azul. La resistencia fiscal fue significativa, ya que solo se recaudó el 40% de lo previsto en la primera cuota. La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) había advertido sobre la distorsión que generaba la tasa frente a la tradicional tasa vial y el impacto negativo en la rentabilidad del sector.

Cristina Boubee, productora agropecuaria y referente del grupo demandante, expresó su satisfacción con la sentencia y criticó la falta de respuestas del Ejecutivo local. "Tomamos acción en la calle, fuimos a tener entrevistas con él, nunca reaccionó. No nos atendió", relató Boubee. Además, señaló que el municipio deberá devolver lo cobrado a unos 80 productores, lo que representa un problema de caja para la administración local.

El abogado Jorge Eduardo Moroni, patrocinante de los productores, explicó que la demanda se basó en la nulidad de la ordenanza por no cumplir con los requisitos de la Ley Orgánica de las Municipalidades y por no existir un servicio directo brindado a los campos de los productores. "Por eso, a nuestro juicio, se asimilaba a un impuesto más que a una tasa", afirmó Moroni.

El conflicto se originó en febrero de 2024, en un contexto de sequía que afectó la producción agropecuaria y deterioró los caminos rurales. Los productores ahora exigen una rendición de cuentas sobre el destino de los fondos municipales. Hasta el momento, el intendente Sombra no ha respondido a las consultas sobre el fallo judicial. La resolución judicial impone las costas del proceso a la Municipalidad de Azul y marca un precedente en la disputa por tributos municipales en el sector rural.