Dos empleados de la planta permanente del Senado bonaerense, Nicolás Daniel Rodríguez y Daniela Silva Muñoz, fueron detenidos el 29 de diciembre en La Plata, acusados de liderar una trama de abusos sexuales y manipulación sectaria que habría operado durante casi una década dentro de la Legislatura provincial. La investigación, a cargo de la fiscal Betina Lacki, se apoya en al menos cinco denuncias de mujeres que relataron haber sido captadas mediante promesas de empleo y militancia política, y luego sometidas a una relación de poder asimétrica y coercitiva.

Según fuentes judiciales, parte de los abusos denunciados habrían ocurrido en la oficina 007 del Senado, bajo la órbita de la Presidencia del cuerpo, lo que otorga al caso una gravedad institucional inusitada. La presunta organización, denominada "La Orden de la Luz", funcionaba con dinámicas propias de una secta, incluyendo comunicaciones encriptadas y un liderazgo carismático atribuido a Rodríguez, mientras que Silva Muñoz actuaba como facilitadora.

Las víctimas, en situación de vulnerabilidad, eran inducidas a donar parte de sus salarios y a mantener el silencio bajo amenazas y manipulación emocional. Algunas de ellas continuaban trabajando bajo la dependencia de los acusados al momento de las denuncias, lo que agravó el contexto de presión y sometimiento. "La causa no solo investiga delitos sexuales gravísimos, sino una lógica de sometimiento vinculada a militancia, empleo público y posible organización sectaria", señalaron fuentes de la investigación.

La detención de los imputados marca un punto de inflexión en un expediente que, desde 2014, sumó testimonios coincidentes y material probatorio relevante. La defensa de los acusados solicitó su traslado a una alcaldía departamental, mientras la fiscalía continúa analizando pruebas y no descarta nuevas imputaciones.

El caso ha generado un fuerte impacto en el Senado bonaerense y en el ámbito sindical, ya que Silva Muñoz integra la Secretaría de Género de UPCN. La investigación pone en cuestión los mecanismos de control institucional y la responsabilidad de las autoridades en la prevención y detección de este tipo de delitos. El expediente sigue en desarrollo y se espera que en los próximos días la fiscalía defina la situación procesal de los detenidos, en un contexto de máxima tensión política y social.