La creación de la Oficina de Respuesta Oficial por parte del gobierno de Javier Milei ha desatado una fuerte controversia en el escenario político y mediático argentino. El nuevo organismo, presentado como un espacio para "desmentir activamente fake news", fue defendido por el Ejecutivo como una herramienta necesaria para combatir la desinformación y destacar los logros de gestión. Entre estos, el gobierno menciona la reducción de la inflación, la baja de la pobreza y la recomposición de las reservas internacionales.

Sin embargo, la iniciativa fue recibida con escepticismo y críticas por parte de la oposición, periodistas y organizaciones de la sociedad civil. La diputada Marcela Pagano, exintegrante de La Libertad Avanza, acusó al gobierno de utilizar la oficina para desviar la atención de los problemas económicos, especialmente la inflación, que según el INDEC alcanzó un 2,9% mensual en enero de 2026, marcando el octavo mes consecutivo de subas. "La oficina de fake news es para tapar la inflación", expresó Pagano en redes sociales.

Expertos y analistas también pusieron en duda la veracidad de los datos oficiales sobre pobreza e indigencia, señalando que las mediciones oficiales son limitadas y que la pobreza multidimensional podría superar el 60%. Organizaciones periodísticas como ADEPA y FOPEA manifestaron su preocupación por el impacto de la nueva oficina en la libertad de prensa y el riesgo de que el Estado actúe como árbitro de la verdad.

Desde el ámbito académico y de derechos humanos, se advirtió sobre la asimetría de poder entre el Estado y la sociedad civil, y el peligro de que la Oficina de Respuesta Oficial se convierta en un mecanismo de censura indirecta. "En democracia, la credibilidad se construye, no se impone", señalaron especialistas en libertad de expresión.

El debate sobre la oficina se inscribe en un contexto de polarización política y desconfianza en las estadísticas oficiales, en el que la libertad de expresión y el rol del Estado en la comunicación pública ocupan un lugar central. Las implicaciones futuras de esta medida dependerán de su implementación y del equilibrio entre la lucha contra la desinformación y la protección de los derechos fundamentales.