Diego Santilli asumió como jefe de Gabinete de Ministros en un contexto de alta tensión política y económica. Su designación, respaldada por gobernadores aliados y el PRO, busca consolidar la estrategia del Gobierno de Javier Milei de cara a las próximas elecciones en la provincia de Buenos Aires, donde el oficialismo pretende armar una coalición amplia para enfrentar al kirchnerismo.

La asunción de Santilli se produjo en medio de una caída del 7,4% en la recaudación de junio, lo que anticipa mayores desafíos fiscales y la necesidad de ajustes. El nuevo jefe de Gabinete combinará sus funciones con tareas del Ministerio del Interior, lo que le permitirá mantener un contacto directo con los gobernadores y destrabar la agenda legislativa, especialmente la reforma política y el recorte de subsidios al gas, medidas que enfrentan resistencia en el Senado y entre los mandatarios provinciales.

El vínculo con el ministro de Economía, Luis Caputo, es considerado clave para la gestión de fondos a las provincias, en un contexto donde la baja de la recaudación obliga a priorizar el superávit fiscal. Sin embargo, la situación económica en Buenos Aires es crítica: desde el inicio del gobierno de Milei, la provincia perdió más de 6.200 empresas, el desempleo aumentó y el endeudamiento familiar alcanzó niveles récord, especialmente en el conurbano.

En el plano político, Santilli mantiene buena sintonía con el PRO y La Libertad Avanza, aunque el partido liderado por Mauricio Macri marcó diferencias en torno a las prioridades legislativas. A pesar de rumores sobre internas, tanto el entorno de Santilli como el de Sebastián Pareja, armador bonaerense de LLA, aseguran que la estrategia es conjunta y que la prioridad es evitar la dispersión opositora para maximizar las chances electorales.

El gobernador Axel Kicillof, por su parte, continúa reclamando fondos y subsidios ante la Corte Suprema, mientras el oficialismo nacional busca ampliar alianzas con la UCR y partidos vecinalistas. Analistas coinciden en que Santilli enfrenta el desafío de equilibrar la gestión política y económica en un escenario de alta volatilidad, donde el éxito de la estrategia oficialista dependerá de la capacidad de articular consensos y mejorar la situación social en la provincia más poblada del país.