La jueza federal de Estados Unidos, Loretta Preska, ordenó a la Argentina entregar el 51% de las acciones de YPF a los fondos Burford y Eton Park, como parte de pago por la expropiación de la petrolera realizada en 2012. La sentencia, que asciende a US$16.100 millones más intereses, representa un duro revés para el Estado argentino y reaviva la controversia política y económica en torno al futuro de la empresa.

El Gobierno argentino, a través de fuentes oficiales, confirmó que apelará la decisión y solicitó la suspensión de la medida hasta que la Cámara revisora se expida sobre el fondo del asunto. El pedido de suspensión es el primer paso en la estrategia legal, mientras se prepara una apelación formal que se presentará en los próximos días.

El fallo judicial tiene su origen en la expropiación del 51% de las acciones de YPF, aprobada por el Congreso en 2012 durante la presidencia de Cristina Kirchner y con Axel Kicillof como viceministro de Economía. La operación, que buscaba recuperar el control estatal sobre los recursos energéticos, fue cuestionada por no cumplir con el estatuto de la compañía, que exigía una oferta pública de adquisición a los accionistas minoritarios.

La decisión de Preska generó un fuerte cruce político. El gobernador bonaerense Axel Kicillof defendió la expropiación y calificó el fallo como un "disparate jurídico" y una "intolerable intromisión sobre la soberanía nacional". Por su parte, el presidente Javier Milei responsabilizó a Kicillof por el perjuicio económico y aseguró que el Gobierno agotará todas las instancias legales para revertir la medida.

El caso YPF, que lleva más de una década en litigio internacional, pone en el centro del debate la relación entre política energética, soberanía y seguridad jurídica. Mientras tanto, economistas y actores políticos advierten sobre el impacto potencial en la economía argentina y la necesidad de encontrar una solución negociada que evite la pérdida de un activo estratégico para el país.