El Gobierno nacional oficializó una profunda reforma de las fuerzas federales de seguridad, abarcando a la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y el Servicio Penitenciario Federal (SPF). La medida, formalizada a través de una serie de decretos publicados en el Boletín Oficial y firmados por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, introduce cambios estructurales y funcionales en los organismos responsables de la seguridad interior.

Según los textos oficiales, la reforma tiene como objetivo modernizar las estructuras, actualizar competencias y profesionalizar al personal de las fuerzas federales, en línea con estándares internacionales y en respuesta a los desafíos que plantea la criminalidad organizada, el narcotráfico y el terrorismo. Entre los principales cambios, se destaca la actualización de los regímenes internos, la creación de nuevos escalafones técnicos-profesionales y la reorganización de áreas clave para reforzar el control fronterizo, la seguridad aeroportuaria y la administración penitenciaria.

En el caso de la Gendarmería Nacional, el nuevo estatuto reemplaza regulaciones vigentes desde 1971, reorganizando jerarquías y funciones para fortalecer la lucha contra delitos federales complejos. La Prefectura Naval amplía sus funciones como autoridad marítima, incorpora el Sistema Guardacostas y elimina tareas obsoletas. La PSA, por su parte, amplía su alcance operativo más allá de los aeropuertos, incorpora un nuevo régimen disciplinario y habilita la actuación en otros medios de transporte. El SPF, finalmente, pasa de la órbita del Ministerio de Justicia al de Seguridad, con un nuevo estatuto que moderniza la gestión de las cárceles federales y refuerza el control institucional.

Las fuerzas tendrán 90 días para presentar proyectos de adecuación interna y reglamentación. Durante la transición, se mantienen las designaciones actuales de jefes y subdirectores. El Gobierno sostiene que la reforma permitirá optimizar recursos, mejorar la coordinación interinstitucional y garantizar una respuesta más eficiente ante los desafíos de la seguridad pública. Sin embargo, sectores opositores han cuestionado el uso de decretos y la falta de debate parlamentario, advirtiendo sobre posibles riesgos en la concentración de facultades y la transparencia del proceso.

La reorganización de las fuerzas federales se inscribe en el marco de la emergencia pública y la delegación de facultades al Poder Ejecutivo, con el propósito de fortalecer la seguridad ciudadana y adaptar el sistema a un contexto dinámico y complejo.