La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó el pasado 10 de junio la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el marco de la denominada "Causa Vialidad". El fallo, que también afecta a otros exfuncionarios y empresarios, sostiene que durante los mandatos de Fernández de Kirchner se implementó un esquema fraudulento para beneficiar a Lázaro Báez mediante la adjudicación de obras públicas en la provincia de Santa Cruz.

El proceso judicial, iniciado en 2019, incluyó un extenso juicio oral y la revisión de pruebas documentales, peritajes y mensajes de WhatsApp. Según el Tribunal Oral Federal 2, la maniobra defraudatoria causó un perjuicio estimado en 84.000 millones de pesos al Estado nacional. La sentencia fue ratificada por la Cámara de Casación Penal y, finalmente, por la Corte Suprema, que rechazó los recursos de apelación presentados por las defensas.

El fallo generó reacciones encontradas. Mientras sectores judiciales y políticos lo consideran un hito en la lucha contra la corrupción, desde el kirchnerismo y medios afines se denuncia una persecución política y judicial, conocida como "lawfare". Las defensas sostienen que no existen pruebas directas que vinculen a la expresidenta con las maniobras ilícitas y cuestionan la imparcialidad del proceso.

En Santa Cruz, la situación de las obras viales refleja el impacto de la causa, con numerosos proyectos inconclusos y un debate sobre la gestión de los recursos públicos. El caso se inscribe en un contexto más amplio de investigaciones sobre corrupción en la obra pública y marca la primera condena firme contra una expresidenta argentina. Otras causas conexas, como "Los Sauces" y "Hotesur", continúan en trámite judicial, lo que anticipa nuevos capítulos en la agenda política y judicial del país.