Echaron a la coordinadora del PAMI de El Bolsón: había cerrado la oficina por la marcha en defensa de Cristina Kirchner
- PAMI despidió a la jefa de El Bolsón y suspendió a empleados por cerrar la oficina el 18/6 en apoyo a Cristina Kirchner. - Más de 3.700 afiliados quedaron sin atención. - La medida generó fuerte debate político y sindical. #PAMI #ElBolsón



La oficina de PAMI en El Bolsón, Río Negro, fue escenario de una fuerte controversia luego de que el pasado 18 de junio permaneciera cerrada en apoyo a una marcha nacional en respaldo a Cristina Kirchner, tras la confirmación de su condena judicial. La medida, encabezada por el gremio ATE, dejó sin atención a más de 3.700 afiliados, en su mayoría adultos mayores, lo que generó indignación entre los vecinos y usuarios del servicio.
Tras una auditoría interna y denuncias de autoridades locales, PAMI decidió desvincular a la jefa de la oficina, María Eugenia Alonso, y suspender preventivamente por 29 días a los empleados involucrados. "Esta intempestiva medida de fuerza, que afectó a los afiliados de la zona, no será tolerada por la actual gestión, que impulsa una política de transparencia y responsabilidad", señalaron desde el organismo en un comunicado oficial. Además, aseguraron que la oficina continuará funcionando con normalidad y con personal comprometido con la atención ininterrumpida.
La diputada nacional Lorena Villaverde celebró la decisión y afirmó: "Con los jubilados no se juega ni en Río Negro ni en ningún rincón de la Argentina. Las oficinas públicas deben ser un espacio de servicio, no trincheras ideológicas". Por su parte, representantes de ATE defendieron la acción sindical, argumentando que se garantizó una guardia mínima y acusaron al gobierno de utilizar el episodio con fines políticos. "La Libertad Avanza está usando de manera política esta situación", sostuvo Rodrigo Vicente, secretario general de ATE Río Negro.
El episodio reavivó el debate sobre el uso político de los recursos públicos y la responsabilidad de los empleados estatales. Mientras las autoridades insisten en la necesidad de garantizar la atención a los afiliados, sectores sindicales advierten sobre la criminalización de la protesta y la defensa de los derechos laborales. El caso de El Bolsón se suma a otros episodios recientes que ponen en discusión el funcionamiento y la misión de las oficinas públicas en contextos de alta polarización política.
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