El PAMI, la obra social de jubilados y pensionados en Argentina, se encuentra en el centro de un escándalo de corrupción que involucra denuncias de desvío de fondos, sobreprecios y presiones políticas. Las acusaciones apuntan a que funcionarios del organismo, bajo la administración de La Libertad Avanza (LLA), exigieron aportes salariales a empleados para financiar actividades partidarias. Además, se han detectado compras con sobreprecios de hasta el 700%, incluyendo pañales para adultos.

La diputada Viviana Aguirre, exfuncionaria de LLA, denunció haber recibido presiones para entregar parte de su salario al partido. "Me tenés que dar un millón de pesos de retorno", afirmó Aguirre, quien también señaló que estas prácticas se replican en otros organismos estatales como la ANSES. En paralelo, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) ha iniciado paros y asambleas en todo el país, exigiendo explicaciones y medidas correctivas.

En el Congreso, diputados de la oposición, como Margarita Stolbizer, han presentado proyectos para crear una comisión investigadora que esclarezca las irregularidades. "Saber ahora que desparraman la plata para hacer política o negocios particulares nos obliga a intervenir", declaró Stolbizer. La propuesta incluye la citación de funcionarios y la recopilación de pruebas para ser presentadas ante la Justicia.

El gobierno de Javier Milei ha negado cualquier responsabilidad en los hechos. "No tenemos absolutamente nada que ver", aseguró el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien también anunció un nuevo sistema de entrega de pañales a domicilio que, según él, generará un ahorro de 5.000 millones de pesos anuales.

El caso ha generado un fuerte impacto en la opinión pública, especialmente entre los jubilados, quienes ya enfrentan recortes en medicamentos y prestaciones esenciales. Las denuncias también han puesto en evidencia tensiones internas dentro de LLA, con acusaciones cruzadas entre sus miembros.

La Justicia Federal investiga las denuncias en varias provincias, incluyendo Buenos Aires, Misiones y Chaco. Mientras tanto, el Congreso debate la creación de una comisión investigadora que podría arrojar más luz sobre el manejo de uno de los organismos más importantes del país. Este escándalo no solo afecta la credibilidad del gobierno de Milei, sino que también pone en riesgo servicios esenciales para uno de los sectores más vulnerables de la población.