El Banco Central de la República Argentina (BCRA) enfrenta una creciente controversia institucional tras negarse a entregar información sobre el destino del oro argentino transferido al exterior, solicitado por la Auditoría General de la Nación (AGN). El conflicto, que se originó en septiembre de 2024 cuando el BCRA comunicó la realización de transferencias de reservas de oro entre distintas cuentas, ha escalado debido a la falta de respuestas concretas por parte de la entidad monetaria.

A pesar de que el BCRA aseguró que la AGN tendría acceso a toda la información necesaria para realizar la auditoría, más de un año después los auditores sostienen que no han podido revisar la documentación original ni determinar la ubicación exacta de los lingotes. El Banco Central argumenta que la confidencialidad es esencial para proteger la seguridad de los activos, y solo ofreció una revisión restringida de sus archivos, sin posibilidad de copiar, fotografiar o tomar notas, lo que, según la AGN, vuelve técnicamente imposible realizar una auditoría efectiva.

El presidente de la AGN, Juan Manuel Olmos, confirmó ante la Comisión Bicameral Revisora de Cuentas del Congreso que el intercambio de notas "se ha agotado" y que el organismo no puede saber dónde está específicamente el oro. "Nos hemos detenido. No podemos saber dónde está específicamente el oro", declaró Olmos, subrayando la gravedad de la situación.

El monto de las reservas de oro ronda los USD 5.000 millones, según datos oficiales, y la falta de transparencia sobre su paradero ha generado preocupación en el Congreso Nacional. Los legisladores evalúan citar al titular del BCRA, Santiago Bausili, para que brinde explicaciones, y no se descarta la presentación de una denuncia judicial por incumplimiento de la Ley 24.156 de Administración Financiera, que obliga a los organismos públicos a colaborar con los controles de la AGN.

La controversia también alcanza a los bonos BOPREAL, sobre los cuales la Auditoría tampoco recibió información. La AGN advierte que, si persiste la negativa del Banco Central, podría acudir a la Justicia, mientras en el Congreso crece la inquietud por una posible liquidación parcial de las reservas enviadas al exterior y la falta de control institucional sobre los activos nacionales.

El conflicto pone en evidencia la tensión entre la necesidad de transparencia y la protección de la seguridad financiera, y podría tener implicaciones futuras en la relación entre los organismos de control y las entidades financieras del Estado.