La política argentina atraviesa momentos de alta tensión tras la ratificación de la condena y la orden de detención contra la expresidenta Cristina Kirchner. La Corte Suprema confirmó la sentencia a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, en el marco de la causa Vialidad. Esta decisión generó una inmediata reacción en el peronismo, que denunció una persecución política y judicial.

Máximo Kirchner, presidente del PJ bonaerense e hijo de la exmandataria, se convirtió en el principal vocero de la defensa de Cristina Kirchner. En declaraciones a la prensa y durante una conferencia con medios internacionales, Máximo sostuvo que el fallo responde al "miedo del poder económico" y a un intento de proscribir al peronismo. "Para Cristina quieren la supresión. Ya ni siquiera quieren que compita. Primero intentaron con ficha limpia. Y tienen a estos tres señores que acuden a garantizar los privilegios", afirmó, en referencia a los jueces de la Corte Suprema.

El dirigente también destacó la fortaleza de su madre ante la adversidad: "Ella está muy firme. Obviamente le han pasado cosas. A la residencia de Olivos entramos cuatro y nos fuimos tres", recordó, aludiendo a momentos difíciles vividos por la familia. Máximo Kirchner subrayó el acompañamiento popular a la figura de Cristina, señalando que "a 10 años de la conclusión del Gobierno del 2015, hoy tiene un montón de gente acompañándola en distintas ciudades del país".

En paralelo, el Partido Justicialista y organizaciones sociales impulsaron movilizaciones y vigilias en apoyo a la exmandataria. En Buenos Aires, Mar del Plata, Gregorio de Laferrere y Ushuaia se registraron marchas y actos bajo el lema "Defendamos la democracia". Más de 250 intendentes de todo el país expresaron su repudio al fallo y se comprometieron a garantizar una masiva movilización nacional el 18 de junio.

La situación de Cristina Kirchner es seguida de cerca por medios internacionales y referentes políticos extranjeros, que han manifestado su preocupación por el proceso judicial. El peronismo, por su parte, busca transformar el descontento en una "movilización histórica" para exigir el regreso de la exmandataria a su domicilio y rechazar lo que consideran una "humillación judicial". El desenlace de este conflicto podría tener profundas implicancias para el futuro político argentino.