El enfrentamiento entre Mercado Libre y el gobierno de Santa Fe escaló en los últimos días tras la decisión de la empresa de ajustar los cargos a sus usuarios en función de la carga impositiva provincial. A partir del 8 de julio, la plataforma aplicará comisiones diferenciadas según el impuesto a los Ingresos Brutos, lo que implica aumentos en provincias como Santa Fe, Córdoba y Jujuy, y reducciones en otras como Corrientes, Río Negro, Santa Cruz, Formosa y Santiago del Estero.

La medida fue duramente criticada por el ministro de Economía santafesino, Pablo Olivares, quien la calificó como una represalia por los reclamos del gobierno provincial respecto a la distribución y control de los dispositivos de cobro Point. Olivares fue más allá y vinculó estos dispositivos con allanamientos en búnkeres donde se comercializa droga, sugiriendo una falta de controles por parte de la empresa.

Mercado Libre respondió con un comunicado en el que rechazó enfáticamente cualquier intento de asociar su plataforma con actividades delictivas. “Difamar no baja Ingresos Brutos”, afirmó la compañía, que defendió su política de cargos diferenciados como una forma de reflejar la carga tributaria real de cada jurisdicción. Además, la empresa destacó su colaboración activa con autoridades federales, provinciales y municipales para prevenir delitos y garantizar la trazabilidad de las operaciones digitales, e informó sobre capacitaciones realizadas junto a la Policía de Investigaciones de Santa Fe.

El gobernador Maximiliano Pullaro respaldó la política impositiva provincial, argumentando que las fintech y billeteras virtuales que prestan dinero deben tributar igual que los bancos. “No hay privilegios para la especulación financiera”, sostuvo Pullaro, quien remarcó que los recursos recaudados se destinan a fortalecer el sector productivo y no a actividades financieras.

El conflicto pone de manifiesto las tensiones entre la regulación estatal y la actividad de las plataformas digitales, en un contexto de creciente presión fiscal y debate sobre la formalización de la economía digital. Mientras el gobierno provincial acusa a la empresa de buscar excusas para discriminar precios, Mercado Libre insiste en que su política busca transparencia y justicia tributaria para los usuarios.