El Gobierno argentino ha dado un nuevo paso en su relación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) al comprometerse a una serie de reformas económicas que abarcan desde el ajuste fiscal y la reforma tributaria hasta la privatización de empresas estatales. El acuerdo, detallado en el último informe del staff del FMI, establece una hoja de ruta con 12 medidas que deberán implementarse entre septiembre de 2025 y finales de 2026.

En el marco de este acuerdo, el Gobierno realizó un pago de US$780 millones en intereses y comisiones al FMI, apenas 48 horas después de recibir un desembolso de US$2.000 millones por parte del organismo internacional. Como resultado, las reservas brutas del Banco Central se ubicaron en US$42.140 millones, manteniéndose en el nivel más alto del año tras el ingreso de fondos, aunque con una caída menor al pago de deuda.

Entre las reformas acordadas, se destaca la presentación de un marco fiscal de mediano plazo junto al proyecto de ley de Presupuesto 2026, con el objetivo de institucionalizar la disciplina fiscal y garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas. Además, el Gobierno deberá enviar al Congreso un proyecto de ley para incorporar una regla de equilibrio fiscal en la Ley de Responsabilidad Fiscal, incluyendo metas de deuda y cláusulas anticíclicas. "Una regla explícita de déficit cero permitirá fortalecer la credibilidad y previsibilidad del programa fiscal", sostuvo el FMI en su informe.

La agenda de reformas incluye también una reforma tributaria integral, la reestructuración de empresas públicas con un plan de privatizaciones, la revisión del régimen de coparticipación entre Nación y provincias, y la modernización de la administración tributaria. El cierre de fondos fiduciarios financiados por el Tesoro y la actualización del marco regulatorio de compras públicas forman parte de los compromisos asumidos.

El FMI elogió las medidas "correctivas" adoptadas por el Gobierno y decidió flexibilizar la meta de acumulación de reservas, permitiendo revisiones semestrales en lugar de trimestrales. Sin embargo, el organismo advirtió sobre la frágil posición externa de Argentina y la necesidad de incrementar los activos internacionales en US$3.500 millones hasta diciembre.

El ajuste fiscal ha generado críticas de sectores sociales y sindicales, que señalan el impacto negativo en jubilaciones, pensiones y programas sociales. "La deuda es un mecanismo de saqueo y dominación que sólo sirve para enriquecer a los especuladores. Mientras el Estado paga al FMI, el pueblo paga el precio con hambre y pobreza", expresó un medio crítico.

En el plano financiero, el mercado reaccionó positivamente al acuerdo, con alzas en acciones y bonos, y una caída del dólar. Analistas destacan la resiliencia de los activos argentinos y la expectativa de que la trayectoria del crédito dependerá de los próximos resultados electorales.

El acuerdo con el FMI y las reformas estructurales marcan un nuevo capítulo en la política económica argentina, con implicaciones que se extenderán más allá del corto plazo y que seguirán siendo objeto de debate en el ámbito político y social.