Un trágico incendio en el geriátrico Sagrada Familia de Mar del Plata dejó como saldo la muerte de cuatro mujeres y varios heridos, entre ellos residentes y policías que participaron en el rescate. El siniestro ocurrió en la madrugada del 17 de diciembre, cuando el fuego se desató en la habitación 12 del segundo piso y se propagó rápidamente a otras áreas del edificio, que alojaba a 38 adultos mayores.

Las víctimas fatales fueron identificadas como Teresa Caporaleti y Beatriz Méndez, ambas de 95 años, María Vásquez, de 80, e Inés Goldman, de 79, quien falleció posteriormente en el hospital. Además, 13 policías resultaron intoxicados por inhalación de humo durante las tareas de evacuación, aunque solo uno permaneció en observación.

La investigación, encabezada por el fiscal Rodolfo Moure, reveló graves irregularidades en el funcionamiento del geriátrico. Entre ellas, la falta de habilitación provincial, que estaba en trámite desde 2019, y la insuficiencia de detectores de humo, algunos de los cuales no funcionaban en el momento del incendio. También se constató que solo había dos cuidadoras para los 38 residentes, cuando la normativa exige entre seis y ocho.

Durante el allanamiento, las autoridades secuestraron documentación, teléfonos y detectores de humo defectuosos. Los tres dueños del establecimiento, dos mujeres y un hombre, junto a las dos cuidadoras de turno, fueron imputados por homicidio culposo y lesiones culposas. La fiscalía no descarta agravar las acusaciones a medida que avancen los peritajes y se determinen responsabilidades penales.

El secretario de Seguridad del municipio, Rodrigo Gonçalvez, destacó la rápida respuesta de los policías y lamentó la tragedia: “No fue un incendio de gran magnitud, pero la saturación de humo fue muy importante. En un geriátrico, donde hay personas con movilidad reducida, la situación se vuelve mucho más compleja”.

El caso ha generado conmoción en la sociedad y reavivó el debate sobre la seguridad y el control en residencias de adultos mayores. Familiares de las víctimas y organizaciones sociales exigen mayores controles y sanciones para los responsables. La investigación continúa, mientras se esperan los resultados de los peritajes y las declaraciones de los imputados.