El Tribunal Electoral de Misiones ha generado controversia al excluir del padrón electoral a los miembros activos de las fuerzas de seguridad y armadas para las elecciones provinciales del próximo 8 de junio. La medida, basada en el artículo 48, inciso 10, de la Constitución Provincial, afecta a más de 20,000 personas, incluyendo policías, gendarmes y militares.

La resolución, adoptada mediante el Acta Acuerdo Nº 1221, establece que estos ciudadanos no podrán emitir su voto, en cumplimiento de una norma constitucional que no se aplicaba desde hace casi 20 años. Según el Tribunal, la decisión busca garantizar el cumplimiento de la Constitución y preservar la neutralidad de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, la medida contradice un fallo del Superior Tribunal de Justicia de Misiones de 2006, que había declarado inconstitucional esta prohibición.

La reacción política no se hizo esperar. Desde La Libertad Avanza, su representante Martín Menem calificó la decisión como "inconstitucional" y "discriminatoria", argumentando que "lo lógico sería que pueda votar todo el mundo". Por su parte, el concejal oficialista Horacio Martínez defendió la medida, señalando que "no se ha violado ningún derecho ni se ha proscripto a nadie; simplemente, se cumplió la Constitución".

El debate también incluye acusaciones de politización. Algunos sectores de la oposición consideran que la medida busca silenciar a las fuerzas de seguridad, especialmente a figuras como Ramón Amarilla, un ex suboficial que lideró protestas salariales y ahora es candidato a legislador provincial.

La decisión ha reabierto un debate sobre la universalidad del voto y la neutralidad de las fuerzas de seguridad en el sistema democrático. Mientras tanto, se espera que la medida sea apelada en los tribunales, lo que podría prolongar la controversia en un año electoral clave para la provincia de Misiones.