Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta y exvicepresidenta de la Nación, enfrenta la inminente ejecución de su condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, tras la confirmación del fallo por parte de la Corte Suprema en la causa Vialidad. El Tribunal Oral Federal 2 (TOF2), presidido por el juez Jorge Gorini, debe resolver en los próximos días si la exmandataria podrá cumplir la pena bajo la modalidad de prisión domiciliaria, como solicitó su defensa.

El tribunal ordenó la realización de un informe socioambiental en el domicilio propuesto por Kirchner, ubicado en la Ciudad de Buenos Aires, y solicitó la opinión del fiscal Diego Luciani antes de tomar una decisión. La defensa argumenta que, por su edad y condición de exjefa de Estado, así como por haber sido víctima de un intento de atentado, la prisión domiciliaria es la única opción compatible con su seguridad y dignidad. Además, pidieron que los trámites judiciales se realicen de manera virtual para evitar movilizaciones masivas, como las ocurridas en ocasiones anteriores.

Mientras tanto, la Justicia dispuso reforzar los controles migratorios para impedir que Kirchner pueda salir del país hacia naciones sin tratado de extradición, como Cuba, y permanecer allí a la espera de un eventual cambio político. El tribunal también notificó a la Cámara Electoral sobre la inhabilitación perpetua de la exmandataria para ejercer cargos públicos, en cumplimiento de la sentencia.

El caso Vialidad, iniciado en 2008 a partir de una denuncia por presunta corrupción en la obra pública, culminó tras casi dos décadas de investigación y debate judicial. La condena incluye, además, el decomiso de bienes por más de $84.800 millones. La situación ha generado un fuerte debate político y social, con voces que advierten sobre el impacto de las inhabilitaciones judiciales en la competencia democrática y otras que exigen la ejecución inmediata de la sentencia.

En este contexto, la decisión del tribunal sobre la modalidad de cumplimiento de la pena será clave no solo para el futuro de Cristina Kirchner, sino también para el clima político y judicial en la Argentina. El proceso continúa bajo la atenta mirada de la opinión pública y de los distintos sectores políticos, en un escenario marcado por la polarización y la expectativa de definiciones inminentes.