La reforma laboral recientemente aprobada en Argentina introduce cambios de fondo en el sistema de indemnizaciones y la gestión de la antigüedad laboral. A partir del 1 de junio de 2026, los trabajadores que sean recontratados por el mismo empleador solo podrán computar la antigüedad previa si el reingreso ocurre dentro de los dos años posteriores a la desvinculación. Si el plazo es mayor, la antigüedad anterior no se suma para el cálculo de indemnizaciones, lo que representa una modificación sustancial respecto al régimen anterior, que permitía acumular todos los períodos trabajados sin importar el tiempo transcurrido entre ellos.

Además, la Ley 27.802 crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un sistema de contribuciones mensuales obligatorias que busca asistir en el pago de créditos derivados de la extinción del vínculo laboral. El FAL no reemplaza la indemnización tradicional, pero introduce una lógica financiera diferente: las empresas deberán aportar un 1% de la nómina salarial si son grandes, o un 2,5% si son pymes, a una cuenta especial administrada por entidades habilitadas y supervisadas por organismos estatales. El fondo solo podrá ser utilizado para cubrir despidos de trabajadores con al menos 12 meses de antigüedad, y no elimina la responsabilidad principal del empleador frente al trabajador.

Hasta el momento, no se han registrado reclamos judiciales ni medidas cautelares vinculadas a la aplicación de la nueva normativa, según especialistas consultados en sectores como el de estaciones de servicio. Sin embargo, abogados laboralistas advierten que la reforma podría generar litigios, especialmente en casos donde se discuta la pérdida de derechos adquiridos o la interpretación de las nuevas reglas.

El nuevo esquema introduce mayor previsibilidad para las empresas, al limitar la acumulación indefinida de antigüedad y anticipar el costo de los despidos. No obstante, también plantea desafíos administrativos y financieros, y abre interrogantes sobre su funcionamiento efectivo y la coordinación con otros mecanismos sectoriales. La reforma, que involucra a organismos como ARCA, la Comisión Nacional de Valores y la Secretaría de Trabajo, marca un cambio de paradigma en la gestión de las relaciones laborales en Argentina, aunque su impacto real dependerá de la reglamentación y la experiencia práctica una vez que entre en vigencia.