El jurado de enjuiciamiento de la provincia de Buenos Aires aceptó este martes las acusaciones contra la jueza Julieta Makintach, quien quedó vinculada al documental “Justicia Divina” durante el juicio por la muerte de Diego Maradona. La decisión, tomada en una audiencia en La Plata, implica que Makintach no podrá renunciar a su cargo y queda suspendida de manera definitiva, con una reducción del 40% de su salario. El proceso de juicio político avanza y podría derivar en su destitución.

La controversia se originó tras la difusión del documental en el marco del debate oral por la muerte del exfutbolista, lo que motivó la nulidad del juicio y la apertura de nuevas investigaciones. En paralelo, Dalma y Gianinna Maradona, junto a Claudia Villafañe, iniciaron una demanda civil contra la productora Ladoblea SA por presunto uso indebido de imagen, con una audiencia de mediación convocada en Buenos Aires. El monto reclamado aún no fue determinado, pero la causa podría avanzar hacia una demanda judicial si no se alcanza un acuerdo.

Durante la audiencia, la defensa de Makintach presentó tres recursos para frenar el proceso, incluyendo la recusación de Hilda Kogan, presidenta de la Suprema Corte bonaerense, por supuesta falta de imparcialidad, y cuestionó la integración del tribunal tras la renuncia de una senadora. Sin embargo, estos planteos fueron rechazados y el jury continuó con la admisión de las acusaciones.

Makintach, en su descargo, negó haber participado en el documental y sostuvo que las grabaciones fueron conocidas y autorizadas por todos los miembros del tribunal. Argumentó que la entrevista que brindó fue previa al inicio del juicio y realizada en un día inhábil, sin afectar su labor judicial. Además, rechazó las imputaciones de mal desempeño, abuso de autoridad y malversación de recursos públicos, subrayando que no existen pruebas objetivas en su contra y que las decisiones del tribunal fueron colegiadas.

Por su parte, la productora Ladoblea SA afirmó que la jueza estaba al tanto del proyecto y que las grabaciones se realizaron con acompañamiento policial y a la vista de testigos, negando cualquier actividad clandestina. La investigación penal sobre el documental sigue su curso en San Isidro, mientras que la mediación civil representa el primer paso formal en el reclamo de las hijas de Maradona.

El caso genera un intenso debate sobre la transparencia judicial y el uso de la imagen pública en causas mediáticas, con implicancias que podrían extenderse más allá del proceso actual.