La sesión de la Legislatura bonaerense prevista para tratar el pedido de endeudamiento solicitado por el gobernador Axel Kicillof se cayó este viernes por falta de quórum, profundizando la incertidumbre sobre el futuro financiero de la provincia. El oficialismo logró reunir solo 39 legisladores en el recinto, lejos de los 47 necesarios para habilitar el debate, debido a la ausencia de los bloques de la UCR, PRO y La Libertad Avanza.

El proyecto de ley buscaba autorizar al Ejecutivo provincial a tomar deuda por más de USD 3.000 millones, una herramienta considerada clave para afrontar los compromisos de pago y financiar el presupuesto 2026, recientemente aprobado junto a la Ley Impositiva. Sin embargo, las diferencias entre oficialismo y oposición, especialmente en torno al fondo de fortalecimiento para los municipios y la distribución de cargos en organismos estatales como el Banco Provincia, impidieron alcanzar un acuerdo.

La oposición exige que el fondo para los municipios, equivalente al 8% de la deuda solicitada, se transfiera como un monto fijo y de manera inmediata, mientras que el oficialismo propone otros criterios de asignación. Además, persisten disputas por la designación de cargos en el directorio del Banco Provincia y otros organismos, lo que ha trabado las negociaciones.

Desde el oficialismo, el presidente del bloque Unión por la Patria, Facundo Tignanelli, sostuvo que "se han hecho todos los intentos para alcanzar un acuerdo" y apeló a la "responsabilidad histórica" de la oposición. Por su parte, representantes opositores cuestionaron la falta de diálogo y la ausencia de avances concretos en las negociaciones.

El debate sobre el endeudamiento se trasladará a sesiones extraordinarias la próxima semana, en un contexto de emergencia económica declarada en la provincia hasta 2027. El desenlace es incierto, ya que el recambio legislativo del 10 de diciembre podría modificar el equilibrio de fuerzas, con la irrupción de La Libertad Avanza como primera minoría en el Senado y segunda en Diputados. Mientras tanto, la provincia enfrenta el desafío de garantizar el pago de sueldos y aguinaldos a más de medio millón de empleados públicos y de asegurar recursos para los municipios.