En pleno invierno, la crisis energética golpea con fuerza a la industria argentina. Según estimaciones de entidades empresarias, entre 500 y 600 fábricas de sectores clave como el citrícola, azucarero, cerámico y caleras han debido paralizar o reducir drásticamente su producción debido a restricciones e interrupciones en el suministro de gas natural. La situación afecta principalmente a provincias del norte y litoral, como Tucumán, Salta, Jujuy, Córdoba y Buenos Aires, donde los cortes alcanzan incluso a contratos firmes y semifirmes.

El detonante de la crisis es el alto costo del Gas Natural Licuado (GNL) importado, que este invierno llegó a cotizar entre seis y nueve veces más caro que el gas local, alcanzando valores de hasta US$ 28 por millón de BTU frente a los US$ 3-4 habituales. La eliminación de subsidios estatales al GNL industrial agravó el impacto, ya que el gobierno decidió trasladar el costo total a las empresas, en línea con la política de que los usuarios paguen el “precio real de la energía”.

La falta de infraestructura para transportar el gas desde las cuencas productoras, especialmente desde Vaca Muerta, obliga a recurrir a importaciones para cubrir una demanda invernal que supera los 180 millones de metros cúbicos diarios, frente a una producción local de 140 millones. El conflicto bélico en Medio Oriente también contribuyó a la escalada internacional de precios.

Empresarios y cámaras industriales advierten que la situación pone en riesgo la continuidad de la zafra y la campaña productiva 2026, especialmente en el norte, donde la Asociación Citrícola del Noroeste Argentino (Acnoa) y la Unión Industrial de Salta y Tucumán alertan sobre la imposibilidad de trasladar los sobrecostos al precio de exportación. “Nos sentimos unos kelpers. Alguien está haciendo un gran negocio”, expresó Jorge Rocchia Ferro, titular de la Unión Industrial de Tucumán.

El gobierno, por su parte, sostiene que la industria tuvo acceso a subastas públicas para adquirir GNL, aunque muchas empresas quedaron fuera y deben negociar a precios aún más altos. Las distribuidoras aplican cortes tanto en contratos interrumpibles como en firmes con ventanas, lo que ha derivado en multas millonarias y amenazas de judicialización por parte de las empresas afectadas.

El sector industrial reclama previsibilidad y reglas claras para planificar la producción, mientras que el gobierno prioriza el abastecimiento residencial en un contexto de ola polar. Se anticipan acciones legales y reclamos por incumplimiento de contratos. La ampliación del gasoducto Perito Moreno, prevista para 2027, podría aliviar la dependencia del GNL importado y mejorar la situación en los próximos años.