Una contadora de La Plata, Natalia Romina Foresio, fue detenida por liderar una organización dedicada a la emisión de facturas falsas, causando una evasión fiscal de más de 4 mil millones de pesos. La investigación, encabezada por el Juzgado Federal N°3 de La Plata y el juez Ernesto Kreplak, destapó un entramado que involucra a más de 140 personas y empresas.

Según las autoridades, la red operaba desde 2020 y conectaba con más de 100 empresas, principalmente del sector de la construcción. Estas empresas utilizaban facturas falsas para inflar gastos y acceder a créditos fiscales indebidos, afectando directamente tributos como el IVA y el Impuesto a las Ganancias. Además, se sospecha que grupos empresarios vinculados a la obra pública habrían utilizado el esquema para incrementar costos de licitaciones, lo que podría constituir una defraudación a la administración pública.

La investigación comenzó en mayo de 2024 tras una denuncia de la Dirección General Impositiva (DGI). Los allanamientos realizados en domicilios de La Plata y Buenos Aires permitieron incautar documentos contables, archivos digitales y una gran suma de dinero en diversas divisas: $186.9 millones, USD 348,000, un millón de pesos uruguayos, euros, reales y libras esterlinas. Parte del dinero fue encontrado en propiedades vinculadas a empresas sospechadas de realizar actividades financieras irregulares.

El esquema incluía la creación de empresas ficticias que generaban créditos fiscales falsos para reducir la carga tributaria de otras firmas. Estas sociedades "de papel" eran registradas en domicilios residenciales y carecían de actividad comercial real. La contadora Foresio, señalada como la líder de la organización, utilizaba su estudio contable en La Plata para coordinar estas actividades. Su pareja, Luis Mauricio Cortazzo, también está implicado en el caso, junto con otros colaboradores.

Los abogados de Foresio sostienen que ella solo cumplía un rol técnico y niegan su participación en actividades ilícitas. Sin embargo, la Justicia dictó embargos millonarios y solicitó la inactivación de CUITs de las empresas involucradas. La Fiscalía no descarta la incorporación de nuevos imputados y empresas al expediente.

Este caso se suma a otros esquemas de evasión fiscal en Argentina, como el reciente caso de un abogado y un analista de sistemas condenados por maniobras similares. La evasión fiscal afecta directamente los ingresos públicos y plantea desafíos significativos para el control tributario en el país.

La investigación sigue en curso, y se espera que más personas sean citadas a declarar en los próximos días. Fuentes judiciales destacan la complejidad del caso y su impacto en el control tributario argentino.