La reciente transferencia de tierras, inmuebles y otros activos de YPF a la provincia de Chubut ha generado una fuerte controversia política en Comodoro Rivadavia. El acuerdo, que incluye bienes valuados en más de 80 millones de dólares y una compensación económica y patrimonial, fue defendido por el gobernador Ignacio Torres, quien prometió impulsar una ley para garantizar que estos activos sean destinados a los comodorenses y no queden exclusivamente bajo la administración municipal.

Sin embargo, la medida fue rechazada por el intendente Othar Macharashvili, legisladores nacionales y provinciales, concejales y representantes gremiales, quienes consideran que la decisión fue tomada sin consultar a la ciudad y desconoce el aporte histórico de Comodoro Rivadavia al desarrollo de YPF y la industria energética nacional. "Se trata de una decisión que vuelve a desconocer el aporte histórico que Comodoro Rivadavia realizó durante más de un siglo al desarrollo de YPF", expresó Macharashvili.

El senador Carlos Linares y el diputado Juan Pablo Luque también manifestaron su rechazo, exigiendo que el patrimonio permanezca bajo control municipal y advirtiendo sobre las consecuencias económicas y sociales de la salida de YPF. Por su parte, el ministro de Hidrocarburos de Chubut, Federico Ponce, defendió el acuerdo y acusó a sectores locales de intentar apropiarse políticamente de la discusión, asegurando que los bienes serán destinados a instituciones y familias de la ciudad.

El conflicto se produce en el marco del retiro de YPF de la Cuenca del Golfo San Jorge, parte de una estrategia de la petrolera para concentrar inversiones en Vaca Muerta. La falta de una normativa específica sobre el destino de estos activos genera incertidumbre y abre la posibilidad de que la disputa se traslade a los tribunales si no se alcanza un acuerdo político.

Además del debate sobre la administración de los bienes, persisten reclamos por la remediación de pasivos ambientales históricos. Desde el municipio se exige que YPF y las empresas operadoras asuman sus responsabilidades ambientales, mientras que la provincia sostiene que las obligaciones están definidas en los acuerdos de transferencia.

La resolución de este conflicto será clave para definir el futuro del patrimonio histórico de Comodoro Rivadavia y el papel de la ciudad en la etapa posterior a la salida de YPF.