El sistema universitario argentino atraviesa una de sus mayores crisis en años, con un paro nacional docente convocado del 16 al 22 de marzo que amenaza con extenderse y poner en riesgo el desarrollo del primer cuatrimestre. La medida, impulsada por gremios como CONADU y ADULP, responde a la falta de cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, que prevé la recomposición salarial y la actualización de partidas presupuestarias según la inflación.

El conflicto afecta a universidades de todo el país, incluyendo la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), la Universidad de Buenos Aires (UBA), la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). Los gremios advierten que, de no haber respuesta del Gobierno Nacional, el paro podría volverse indefinido, acumulando hasta 22 días sin clases y comprometiendo el ciclo lectivo.

La UBA declaró la emergencia presupuestaria para 2026, señalando que el presupuesto nacional no contempla lo previsto en la ley ni actualiza los gastos de funcionamiento. El Consejo Superior de la universidad reclamó a los ministerios de Capital Humano y Economía una actualización urgente, especialmente en áreas sensibles como salud. Según datos de Chequeado, los salarios docentes perdieron un 29% de poder adquisitivo entre 2023 y 2025, mientras que el gasto universitario cayó un 30,4% real.

El Gobierno, por su parte, vetó la ley original y presentó un proyecto alternativo que limita los aumentos salariales y reduce la actualización de partidas. Esta propuesta fue rechazada por los gremios, que denuncian el incumplimiento de la ley vigente y la falta de convocatoria a paritarias. El titular del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Oscar Alpa, remarcó que el 93% del presupuesto universitario se destina a salarios, los cuales están "totalmente deprimidos".

El conflicto se da en un contexto de alta inflación y ajuste fiscal, con el presupuesto universitario en su nivel más bajo en dos décadas. Las organizaciones docentes y los rectores insisten en la necesidad de cumplir con la ley sancionada por el Congreso, mientras el Gobierno busca negociar un nuevo esquema de financiamiento. El clima de tensión podría influir en las próximas elecciones universitarias, especialmente en la UBA, donde el oficialismo busca ganar terreno.

A medida que se acerca el inicio del ciclo lectivo, la incertidumbre crece entre estudiantes, docentes y autoridades, mientras las partes mantienen posiciones firmes y el riesgo de un paro prolongado se mantiene latente.