La provincia de Santa Fe inició esta semana el proceso de reforma de su Constitución, un hecho que marca un hito institucional tras más de seis décadas sin cambios en la carta magna provincial. El lunes, 69 convencionales electos comenzaron las sesiones en la ciudad de Santa Fe, donde se aprobó por unanimidad el reglamento que regirá el funcionamiento de la Convención Reformadora. El cuerpo trabajará durante un plazo máximo de 60 días, organizándose en ocho comisiones temáticas que analizarán y dictaminarán sobre los proyectos presentados.

Uno de los aspectos más destacados del reglamento es la apertura de la Mesa de Entradas para la recepción de proyectos de reforma, tanto de los convencionales como de la ciudadanía, durante un plazo de diez días. Esta medida busca fomentar la participación social en el proceso de modernización constitucional. El presidente de la Convención, Felipe Michlig, agradeció el consenso alcanzado entre los bloques y destacó la importancia de la tarea que se inicia.

Sin embargo, el inicio de la Convención no estuvo exento de polémicas. La diputada Lucila de Ponti (Movimiento Evita) advirtió sobre la falta de mujeres en los siete cargos parlamentarios y administrativos clave, lo que generó un llamado a la reflexión sobre la igualdad de género en la política provincial. Además, se registraron cruces entre bloques por cuestiones reglamentarias y la modalidad de votación.

El debate central gira en torno a la posible habilitación de la reelección del gobernador, actualmente prohibida en Santa Fe. Mientras sectores oficialistas consideran que la reforma es necesaria para actualizar la Constitución y alinearla con la nacional, voces críticas advierten sobre el riesgo de concentración de poder y la falta de mecanismos suficientes para evitar el nepotismo. El proceso se desarrolla en un contexto de tensiones políticas nacionales y provinciales, y se espera que las próximas semanas sean decisivas para el futuro institucional de Santa Fe.