El Gobierno argentino, mediante el Decreto 339/2025, ha eliminado una serie de programas destinados a las pequeñas y medianas empresas (PyMEs), argumentando que eran "ineficientes, discrecionales y estériles". La medida, publicada en el Boletín Oficial, afecta artículos clave de las leyes 24.467 y 25.872, que promovían el desarrollo de PyMEs y el empresariado joven.

Según el Ejecutivo, estos programas distorsionaban los precios de mercado y obstaculizaban la dinámica del libre mercado. Entre los programas eliminados se encuentran redes de agencias de desarrollo, certificaciones de calidad, consorcios de exportación y capacitaciones empresariales. El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, defendió la medida, afirmando que "una política PyME no son programas vacíos ni planes marketineros, se construye con una macro estable, menos trabas, menos impuestos, acceso al crédito y libertad para producir".

El decreto también establece que las derogaciones no eximen al Estado ni a otros actores de cumplir con las obligaciones asumidas durante la vigencia de los programas. Sin embargo, la eliminación de estas herramientas ha generado críticas en el sector empresarial, donde algunos consideran que las PyMEs perderán apoyo clave para competir en el mercado.

Esta decisión se enmarca en un modelo de desregulación económica impulsado por el presidente Javier Milei, que busca reducir la intervención estatal y maximizar la eficiencia en la gestión pública. Las leyes derogadas habían sido diseñadas para fomentar el desarrollo de PyMEs, la innovación tecnológica y la internacionalización de empresas.

El impacto de esta medida aún está por verse, pero se espera que genere un debate intenso sobre su efecto en la economía y el empleo, especialmente en el sector PyME. Mientras el Gobierno defiende la medida como un paso hacia la libertad económica, críticos advierten sobre posibles consecuencias negativas para las pequeñas y medianas empresas.