El Gobierno nacional envió al Congreso un ambicioso proyecto de reforma de la Ley de Sociedades, con el objetivo de modernizar el régimen societario argentino y adaptarlo a los desafíos tecnológicos actuales. La iniciativa, impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, propone una reducción significativa de los controles estatales sobre las empresas, la digitalización total de los registros y la introducción de nuevas figuras jurídicas como las sociedades automatizadas y las organizaciones autónomas descentralizadas (DAO).

Según Sturzenegger, el proyecto busca dejar atrás un sistema "rígido y anacrónico" para dar paso a un marco basado en la autonomía, la libertad y la desregulación. "Las normas de la ley pasan a ser supletorias: el estatuto manda", afirmó el funcionario, quien también destacó que las restricciones estatales serán excepcionales y de interpretación restrictiva. Entre los cambios más relevantes, se elimina la obligación de que el objeto social de las sociedades sea conexo, permitiendo así una mayor flexibilidad en las actividades empresariales.

La digitalización es otro eje central de la reforma. El proyecto prevé la constitución de sociedades por firma digital, la realización de asambleas a distancia y la existencia de un legajo digital público para cada empresa. "El expediente en papel queda en la historia", subrayó Sturzenegger.

Una de las novedades más disruptivas es la creación de la "Sociedad Automatizada", una entidad que puede operar de manera completamente autónoma mediante algoritmos o inteligencia artificial, sin requerir empleados humanos para su funcionamiento ordinario. Además, se reconocen las DAO, que utilizan tokens y blockchain para la gestión de capital y derechos de voto, aunque requieren un representante legal humano para actuar frente a terceros.

El proyecto también permite que las sociedades sometan sus conflictos internos al derecho extranjero o a arbitrajes internacionales, siguiendo modelos de centros de negocios globales como Dubái. Asimismo, introduce instrumentos de inversión convertibles y simplifica los procesos de reorganización empresarial.

La propuesta generó reacciones encontradas entre especialistas. Mientras algunos celebran la innovación y el potencial para atraer inversiones, otros advierten sobre los riesgos jurídicos, la falta de trazabilidad y la posible opacidad en la gestión de sociedades sin control humano. Se sugiere avanzar con cautela, implementando una "sandbox regulatoria" antes de la aprobación definitiva.

La reforma, que se suma a otros proyectos de desregulación impulsados por el Gobierno de Javier Milei, posiciona a Argentina como un posible referente regional en materia de innovación legal y tecnológica, aunque el debate sobre sus implicancias jurídicas y sociales continúa abierto.