La tensión entre el Gobierno nacional y las provincias por el reparto de fondos y el mantenimiento de rutas nacionales sumó un nuevo capítulo en Santa Fe. El gobernador Maximiliano Pullaro ordenó la instalación de carteles llamativos en los accesos a las rutas nacionales 9, 33 y A 012, con el objetivo de delimitar la responsabilidad del Estado nacional en el mantenimiento de estos corredores viales, que presentan un marcado deterioro y representan un riesgo para la seguridad de los conductores.

Los carteles, de fondo rojo y letras blancas, advierten que el mantenimiento corresponde al Estado nacional y no a la provincia. "Hemos pedido a Nación, sin respuesta favorable aún, que ceda las rutas que no van a arreglar y que nos haremos cargo, porque muchos santafesinos ponen en riesgo sus vidas al transitarlas", destacó Pullaro. El mandatario remarcó que la provincia destinó cerca de 400 millones de dólares a reparar sus propios corredores, mientras que las rutas nacionales muestran un grave deterioro que genera siniestros viales y muertes semanales.

El conflicto se da en el marco de la reforma de la distribución de los fondos de los Adelantos del Tesoro Nacional (ATN) y del Impuesto a los Combustibles Líquidos, que obtuvo media sanción en el Senado y espera su tratamiento en Diputados. La iniciativa busca que la distribución de los ATN sea diaria y automática, y que el impuesto a los combustibles se reparta según los coeficientes de coparticipación federal. Los gobernadores insisten en que estos fondos provienen de recursos que no son de la Nación y reclaman una distribución más equitativa.

La situación se agravó tras la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad y el anuncio de la privatización de más de 9.000 kilómetros de rutas, un proceso que enfrenta demoras por la falta de interés privado. Pullaro y otros funcionarios provinciales remarcan que la señalización busca informar a la sociedad sobre quién debe responder por el estado de las rutas y advierten que la falta de mantenimiento "se está comiendo el activo vial" de la provincia.

En paralelo, en la provincia de Buenos Aires, vecinos y autoridades locales también reclaman por el estado de la Ruta Nacional 3, exigiendo su transformación en autovía y mejoras en el mantenimiento. El Gobierno nacional, por su parte, ratifica que vetará cualquier ley que comprometa el equilibrio fiscal, mientras que los gobernadores buscan consensos para una solución que garantice la seguridad vial y el desarrollo de las provincias.

El conflicto por el mantenimiento de rutas nacionales y el reparto de fondos refleja la tensión política y económica entre Nación y provincias, en un contexto de ajuste fiscal y reformas estructurales impulsadas por el gobierno de Javier Milei. Las consecuencias futuras dependerán del avance de las negociaciones y de la capacidad de los actores involucrados para alcanzar acuerdos que permitan mejorar la infraestructura vial y garantizar la seguridad de los ciudadanos.