La justicia federal argentina intensificó la investigación sobre presuntos sobornos y contratos irregulares en la compra de medicamentos por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y la droguería Suizo Argentina. El juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi ordenaron este viernes una serie de allanamientos en las sedes de ambos organismos, con el objetivo de recolectar evidencia digital y documentación que permita reconstruir la ruta de los pagos ilegales.

Durante los procedimientos, que se extendieron por varias horas debido a la resistencia de la droguería a entregar correos electrónicos, los investigadores incautaron computadoras, celulares y registros contables. En los domicilios de los empresarios Jonathan y Emmanuel Kovalivker, principales accionistas de Suizo Argentina, se encontraron 266.000 dólares y siete millones de pesos en efectivo, además de cajas fuertes vacías, lo que generó sospechas sobre la posible remoción apresurada de fondos antes de los allanamientos.

La causa se originó tras la filtración de audios atribuidos al exdirector de ANDIS, Diego Spagnuolo, en los que se describe un esquema de coimas y sobreprecios en la provisión de medicamentos. En las grabaciones se menciona a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y a Eduardo "Lule" Menem, como presuntos beneficiarios de un porcentaje de las compras realizadas por el organismo. El Gobierno, por su parte, desmintió el contenido de los audios y aseguró que se trata de una operación política con fines electorales.

Como parte de la investigación, se levantó el secreto bancario y fiscal de los principales implicados y se bloquearon sus cajas de seguridad. Los celulares entregados por los empresarios presentan dificultades técnicas para ser desbloqueados, lo que complica el acceso a información relevante. Paralelamente, el Gobierno dispuso una auditoría interna en ANDIS y designó a Alejandro Vilches como interventor para analizar posibles irregularidades en los procesos de compra y gestión.

El escándalo se produce en un contexto de fuertes internas políticas y a pocos días de las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Mientras la justicia avanza con la pesquisa, los abogados de los empresarios cuestionan la legalidad de las grabaciones y solicitan la nulidad del expediente. Spagnuolo, por su parte, evalúa colaborar con la justicia como "arrepentido". El caso sigue en pleno desarrollo y podría tener implicaciones significativas para la gestión de fondos públicos y la transparencia en la administración estatal.