Un adolescente de 16 años fue reducido violentamente por guardias de seguridad en el salón Desert Gala, ubicado en Chacras de Coria, Mendoza, durante la madrugada del 24 de agosto, en el marco de una fiesta de 15 años. El incidente, que fue captado en video y difundido ampliamente en redes sociales, generó conmoción en la provincia y abrió un debate sobre el accionar de la seguridad privada en eventos sociales.

Matías Brizuela Verdier, el joven involucrado, asistió al evento junto a tres amigos. Uno de ellos sufrió una descompensación por hipoglucemia en la entrada, lo que motivó que el grupo saliera brevemente para buscar dulces. Al intentar regresar al salón para recuperar una campera olvidada, Matías fue interceptado por guardias de seguridad. Según la denuncia de su madre, Virginia Verdier, el adolescente fue atacado sin mediar palabra, golpeado y asfixiado, llegando a perder el conocimiento por aproximadamente 20 segundos. "Sin razón lo atacaron, golpearon, asfixiaron. Se desmayó y perdió conocimiento, lo arrastraron", relató la madre, quien responsabilizó directamente al salón Desert Gala por lo ocurrido.

El video viralizado muestra al joven inmovilizado en el suelo, mientras uno de los guardias le presiona el cuello con la rodilla. La familia presentó una denuncia penal y solicitó colaboración ciudadana para aportar pruebas adicionales. La Fiscalía intervino de inmediato, ordenando pericias médicas para constatar las lesiones denunciadas y procediendo a imputar a los dos guardias por el delito de lesiones leves, imponiéndoles una fianza y prohibición de contacto con la víctima.

Por su parte, el coordinador de seguridad del salón, Lautaro Ambrosio, defendió el accionar de los guardias y negó que hubiera existido una golpiza, asegurando que se trató de una maniobra de reducción ante una situación de agresividad por parte del joven. Las autoridades provinciales, a través del director de Seguridad Privada, Alejandro Antón, remarcaron la importancia de la proporcionalidad y razonabilidad en cada intervención, recordando que la ley exige capacitación y credenciales para el personal de seguridad, aunque esto no garantiza la ausencia de abusos.

El caso ha reavivado el debate sobre los límites y responsabilidades de la seguridad privada en Mendoza, en un contexto de creciente preocupación por la violencia en eventos juveniles. La investigación judicial continúa, mientras la familia del adolescente exige justicia y mayor control sobre el accionar de los guardias en este tipo de celebraciones.