La industria vitivinícola argentina se encuentra en el centro de una controversia tras la presentación de un proyecto de ley que busca derogar la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar). Este organismo, creado en 2004, ha sido objeto de críticas por parte de Bodegas de Argentina, que denuncia la falta de transparencia y el incumplimiento de los objetivos estratégicos establecidos en el Plan Estratégico Vitivinícola (PEVI).

El diputado Damián Arabia, del PRO, presentó la iniciativa legislativa argumentando que los aportes obligatorios que financian a la Coviar aumentan los costos de producción y afectan la competitividad del sector. Según Arabia, "la vitivinicultura es una actividad privada que debe organizarse de manera autónoma, sin intervención estatal ni recursos públicos asignados a intereses sectoriales".

Bodegas de Argentina, que agrupa a más de 200 empresas del sector, respalda la derogación de la Ley 25.849 que dio origen a la Coviar. En un comunicado, la entidad señaló que entre 2004 y 2020 se gastaron USD 230 millones sin alcanzar los objetivos propuestos, como posicionar a la industria entre las más destacadas del mundo o alcanzar exportaciones por USD 2,000 millones. En cambio, las exportaciones solo llegaron a USD 791 millones en 2020, y el consumo interno de vino cayó un 46% en los últimos 20 años.

Por otro lado, la Coviar y sus defensores argumentan que el organismo es esencial para la promoción internacional y el desarrollo del sector. Mario González, presidente de la Coviar, destacó que "la vitivinicultura necesita una mesa común para coordinar esfuerzos" y calificó la propuesta de derogación como un "ataque del centralismo porteño". Además, un grupo de 30 entidades del sector emitió un comunicado defendiendo la continuidad de la Coviar y cuestionando la alta presión impositiva que afecta a la industria.

El debate también ha puesto de manifiesto divisiones políticas y regionales. Mientras que algunos legisladores y funcionarios apoyan la derogación, otros abogan por mantener la Coviar con reformas que hagan voluntarios los aportes. En Mendoza, principal provincia productora de vino, las opiniones están divididas, reflejando la complejidad del tema.

La industria vitivinícola enfrenta una crisis marcada por la caída en el consumo interno, la reducción de la superficie cultivada y una presión fiscal elevada. En este contexto, la discusión sobre la Coviar se ha convertido en un símbolo de las tensiones entre desregulación y apoyo estatal, con implicaciones que podrían redefinir el futuro del sector.