La reciente decisión de la jueza Loretta Preska en Nueva York, que obliga a la Argentina a entregar el 51% de las acciones de YPF como parte de pago de una condena de más de 16.000 millones de dólares, ha reavivado el debate político y económico en el país. Esta sentencia es consecuencia directa de la expropiación de la petrolera realizada en 2012 durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, cuando el Congreso sancionó la ley que declaró de utilidad pública la mayoría accionaria de YPF, hasta entonces en manos de la española Repsol.

La expropiación fue aprobada por una amplia mayoría en ambas cámaras: 208 votos afirmativos en Diputados y 63 en el Senado. El respaldo incluyó al kirchnerismo, la UCR, el socialismo, Proyecto Sur y varios bloques provinciales, reflejando un consenso político transversal. Entre los votos positivos se destacaron figuras como Agustín Rossi, Ricardo Alfonsín, Mario Negri y Victoria Donda, mientras que entre los negativos estuvieron Elisa Carrió y Patricia Bullrich. Hubo también ausencias notables, como Margarita Stolbizer y Gabriela Michetti.

El fallo de Preska, que aún puede ser apelado, generó inmediatas reacciones en el arco político. El gobierno de Javier Milei calificó la sentencia como "un fallo contra Kicillof" y prometió apelar en todas las instancias. En redes sociales, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el exsenador Jorge Yoma protagonizaron un cruce público sobre la responsabilidad histórica de la expropiación y la privatización de YPF en los años '90.

El debate sobre la soberanía energética y la gestión de los recursos estratégicos nacionales vuelve así al centro de la escena, con posturas encontradas sobre los beneficios y costos de la estatización. Mientras algunos defienden la recuperación estatal de YPF como un acto de soberanía, otros señalan el alto costo financiero y las consecuencias internacionales del proceso. El caso, que se originó en la decisión legislativa de 2012, sigue condicionando la política y la economía argentina, y anticipa nuevas discusiones sobre el futuro de la empresa y los recursos energéticos del país.