La candidatura de José Luis Espert como diputado nacional por La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires atraviesa una crisis tras la revelación de presuntos vínculos financieros con el empresario Fred Machado, investigado por narcotráfico en Estados Unidos. A pesar de la presión interna dentro del oficialismo y de aliados políticos para que Espert renuncie, el presidente Javier Milei ha decidido mantener su respaldo al economista.

Fuentes del gabinete confirmaron que varios ministros transmitieron a Milei la inconveniencia de sostener la postulación de Espert, quien admitió haber recibido una transferencia de 200.000 dólares de Machado, aunque aclaró que fue antes de que el empresario fuera acusado formalmente. "El Presidente no le va a pedir la renuncia a Espert. Para que se baje, tendría que renunciar él", señaló un ministro a Clarín. Sin embargo, la presión política persiste y algunos miembros de la mesa chica del oficialismo consideran inminente la salida de Espert.

En paralelo, la Justicia electoral bonaerense descartó la posibilidad de reimprimir las boletas, argumentando que el proceso está "precluido" y que el costo de una nueva impresión rondaría los 14 a 15 mil millones de pesos, una cifra difícil de justificar en el actual contexto de ajuste fiscal. "No hay tiempo para otra licitación, otra impresión y reemplazo de boletas", indicaron fuentes judiciales a La Nación. Además, ya se han recibido casi 15 millones de boletas impresas, que están siendo revisadas manualmente antes de su distribución.

En caso de que Espert renuncie, su rostro permanecerá en las boletas, lo que podría afectar la estrategia electoral de La Libertad Avanza. Karen Reichardt, segunda en la lista, sería la reemplazante natural, aunque su candidatura también genera dudas dentro del espacio. Reichardt ha calificado las denuncias contra Espert como "operetas" y ha pedido enfocarse en la campaña.

El caso recuerda antecedentes en los que candidatos permanecieron en las boletas pese a renuncias o fallecimientos, reforzando la decisión judicial de no modificar el instrumento de votación. La situación expone las tensiones internas en el oficialismo y plantea interrogantes sobre el impacto electoral de la crisis, en un contexto de alta sensibilidad pública respecto al gasto y la transparencia en el proceso electoral.